El Constitucional avala el recorte de sueldo a los empleados públicos: con este titular tan sesgado da hoy El País la noticia de que el TC ha rechazado el recurso que en su día pusieron los empleados de la Casa de la Moneda por haberse visto afectados por las rebajas de sueldo que los funcionarios sufrimos el año pasado. Lo de sesgado lo digo porque el Constitucional, en realidad, lo que hace es rechazar ese recurso concreto por las razones que podréis ver en la noticia, no avalar la medida general del gobierno, cuestión en la que ni se mete, ya que aquí de lo que se habla es de convenios, cosa que los funcionarios no tenemos, pero, en fin, ya no viene de una que El País manipule la información. A propósito, si leéis la noticia, veréis los extremos de maquiavelismo a los que llegó el gobiernete en este asunto, pues excluyó de aquella injusta medida a los empleados de AENA, ADIF y RENFE, justamente los colectivos que sabía que podían muy bien montarle un conflicto que les estropeara el invento.
Que la bajada de sueldo a los empleados públicos pudiera ser legal nadie lo discute, lo que es muy discutible es que fuera legítima, es decir, justa, porque ese recorte cargó las culpas de la crisis sobre un colectivo que no era para nada responsable, mientras que a los bancos o a los defraudadores y especualdores que la provocaron los trató con mimo.
Tampoco esperábamos grandes cosas de este Tribunal Constitucional desde hace años en proceso de putrefacción; nadie creía que un tribunal que ha cometido un patinazo tan colosal como el de Bildu pudiera hacer nada que contradijera al gobiernillo. La injusticia que Zapatero cometió contra los funcionarios ya ha empezado a condenarla el único tribunal que hoy en día medio nos queda a los ciudadanos de a pie: las urnas. Al PSOE le han votado 1.484.778 electores menos que en las elecciones municipales de 2007: ¿cuánto de ese voto perdido está en manos de funcionarios indignados contra un gobierno injusto que ha volcado sobre ellos las cargas de su incompetencia? En 2012 volveremos a empuñar la papeleta.
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La legalidad de la bajada de sueldos de los empleados públicos es un asunto respecto del cual carezco de la formación necesaria para pronunciarme.
ResponderEliminarSobre la independencia real y el carácter meramente jurisdiccional del TC planean serias dudas, por no decir certezas, de manera que nuestras garantías constitucionales están en manos de magistrados de cuota de uno y otro lado del hemiciclo, lo cual no es muy alentador.
Lo que sin embargo es bastante obvio es que el recorte salarial es notoriamente injusto. Y no sólo es un exponente de la incompetencia gubernamental de la que habla Pablo, sino también de la absoluta falta de sensibilidad social.
Mientras que la clase política bien se ha preocupado de blindarse y de prosperar a costa del dinero de los contribuyentes, se ha olvidado de su función de representar a la hora de cortar por lo sano. Por supuesto, no han cortado ni un ápice ninguno de sus privilegios. Basta echar una ojeada a las pensiones, indemnizaciones, sobresueldos y demás canonjías de los "ex" para irritarse ante su desfachatez que bien los hace merecedores del sobrenombre de "casta parasitaria".
De ahí que sea muy importante que los responsables de este desafuero no se vayan de rositas.
Bueno, Mariano, pues ya te habrás enterado de que el miserable de MAFO vuelve a la carga con la propuesta de nuevas bajadas a los funcionarios. ¡Cuántos inútiles y sinvergüenzas que han abusado del poder deberían estar entre rejas!
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