30.000 euros por no denunciar el acoso escolar

     Hace pocos días, se aprobó la Ley de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, y "El Mundo" lanzaba una seria advertencia a los profesores con este titular: Madrid multará con hasta 30.000 euros a profesores que no denuncien casos de bullying. Voy a dejaros una serie de breves observaciones que pueden seros útiles a los profesores que ejerzáis en Madrid, pero os advierto que a los de las demás comunidades también os interesan algo, ya que esta norma no es más que una adaptación regional de la ley nacional aprobada en 2020, de la que ya hablé aquí.

    1.- Puesto que la ley madrileña se acaba de aprobar, no he podido encontrar su texto definitivo, sino solo el anteproyecto, que os dejo por si le queréis echar un vistazo. Supongo que, como mínimo, os servirá de referencia, porque a menudo las leyes acaban diferenciándose poco o nada de sus proyectos. Por si os queréis ir haciendo una idea, os doy algunas orientaciones: en el capítuo 32 se fijan exactamente las cosas a las que obliga la ley y en el 35 se desrrolla lo relativo al ámbito educativo. Con esto ya estaréis encarrilados para iros al título cuarto, que comienza en el artículo 135 y se ocupa del régimen sancionador, del que conviene estar muy al tanto. Si vais al capítulo 141, veréis allí la cuantía de las sanciones. Por lo que me ha parecido entender de lo que he leído a saltos, a los profesores solo les afectarían las correspondientes a infracciones graves y muy graves, que van de 6.001 a 600.000 euros, con lo cual, una de dos: o lo que dice "El Mundo" está equivocado o ha habido modificaciones en el paso del anteproyecto a la ley. En cualquier caso, supongo que empezaréis a estar de acuerdo conmigo en  que conviene conocerla muy bien.

    2.- En coherencia con la legislación nacional que adapta, esta norma parte de un delicado principio: no obliga a denunciar faltas o delitos efectivos, sino, como establece el artículo 32, "indicios de una situación de violencia ejercida sobre una persona menor de edad", y bajo la nada tranquilizadora conminación del artículo 141. La protección de los menores y la prevención del acoso escolar son asuntos muy serios, pero la obligación de "comunicar de inmediato" (que no denunciar), como dice el artículo 32, nos sitúa en unas condiciones muy delicadas, concretamente, las idóneas para generar un clima de caza de brujas, porque el miedo a esas desmesuradas sanciones podría despertar excesos de celo nada recomendables, podría llevar a los profesores, para curarse en salud, a sospechar de todo lo que se moviese, lo cual sería muy perjudicial para la convivencia en los centros y quizás, a la larga, para la propia labor de prevención que se pretende impulsar. Por todo esto, creo que la Comunidad de Madrid ha optado por un método de posibles efectos secundarios muy indeseables y, sobre todo, injusto, ya que intenta luchar contra unos hechos abominables penalizando -y duramente- a quien no los comete. Ya no es la primera vez que sigue este camino, como podréis ver en mi artículo aludido en el primer párrafo, donde hablo de un intento suyo de 2019 de hacer algo parecido a lo de ahora, pero nada menos que con los alumnos, iniciativa que, por fortuna y supongo que por cordura de alguien, no cuajó.

    3.- Con esta normativa que abre la puerta a penalizaciones tan excesivas podría llegar a darse una curiosa paradoja. Imaginemos un caso de agresión cometida por un alumno que tuviera tipificación de delito en el cual se hubiera visto envuelto un profesor que, por la aplicación de esta ley, acabase siendo objeto de una sanción de 25.000 euros; imaginemos también que el autor de ese delito, al final, por ser inimputable, no recibiera más sanción que lo que establecen los artículos 132 y 133 de esta misma ley: ya sé que los menores deben tener un tratamiento especial en las leyes, pero un caso así -que podría muy bien darse- dejaría un regusto de penalizaciones un tanto incongruentes. Y también, un poquito, de caza de chivos expiatorios. Quizás la Comunidad de Madrid debería ajustar mejor sus sanciones o explicar por qué las fija tan abultadas.