Okupas, promotores ladrones y políticos

   De agosto de 2010 es un artículo de vuestro amigo el guachimán que se tituló Sobre la ocupación y otras formas legales de mangar un piso, que ha sido, por cierto, uno de los más visitados de este blog, cosa que me parece muy significativa. Hablaba allí de un caso ocurrido en Barcelona y que fue sangrante, pues los afectados, un matrimonio del Raval, se vieron privados durante dieciséis meses de su vivienda habitual, debido a que al volver de unas vacaciones se encontraron con que unos okupas se habían apropiado de ella. La práctica de la okupación apareció en España a mediados de los 70, y desde entonces hasta hoy (es decir, durante más de cuarenta años) ha sido una verdadera lacra que ha afectado gravemente a decenas de miles de españoles. Que ni la Justicia ni sobre todo los políticos hayan tenido durante tantísimo tiempo la menor sensibilidad hacia un problema de consecuencias muy perjudiciales para los afectados solo se explica por una razón: eran todos españolitos de a pie, gente de esa buena que en los conflictos siempre desempeña el mismo papel: el de víctima. La información sobre este asunto es exhaustiva, así que me limitaré a dejaros algunas muestras muy elocuentes, como este artículo de 2017 en el que se desvelan cosas como que en España hay unas 90.000 viviendas okupadas, o que el coste que generan para los propietarios solo de Madrid y Barcelona es de 21'4 millones de  euros al año, o bien otro que es tan solo uno de los muchísimos que desmontan la fábula de que los okupas son unos pobrecitos necesitados, pues la verdad es que la inmensa mayoría son gentuza que no solo se apropia de lo ajeno, sino que lo destroza y hace imposible la vida a quienes tienen alrededor, por no hablar de otra cosa también de sobra conocida: que suelen ser profesionales de la okupación, así que la ejercen de forma muy metódica y premeditada, y que esta es una actividad dominada por auténticas mafias.
     Así pues, constituye un inmenso motivo de satisfacción el que, ¡por fin, después de tantos años de calvario para tantos desafortunados!, el Congreso haya aprobado una ley que permitirá que una vivienda okupada sea desalojada en veinte días, y no en los meses y hasta años que han sido necesarios hasta ahora. La respaldan el PDeCAT, Ciudadanos, el PNV y el PP, partido este último que justifica su necesidad en el aumento de los delitos de okupación en un 92%, detalle más que significativo del desmadre a que se había llegado en esta cuestión, ya de por sí escandalosa. En consecuencia, supongo que muy sólidas tendrán que ser las explicaciones para la ciudadanía que tengan dispuestas los grupos que han rechazado esta ley, que son ERC, el PSOE y Podemos. Lo que hasta hoy han dejado caer ante los medios son puras inconsistencias demagógicas que, en lo referente al PSOE, hacen pensar que sigue empeñado en emular los disparates populistas de gente como Ada Colau o Pablo Iglesias. Parece ser que Pedro Sánchez y los suyos aún no acaban de entender que esa estrategia es un suicidio. 

   

   Vamos ahora con los estafadores. Durante los años de la burbuja inmobiliaria y los posteriores, miles de españoles que compraron viviendas en promociones que finalmente quebraron perdieron grandes cantidades de dinero que se fueron por el desagüe de una gestión incompetente o fraudulenta. Algunos tuvieron la suerte de recuperar su dinero o parte de él después de batallar en los tribunales y a estos les resultó muy beneficiosa una ley del periodo franquista, la Ley 57/1968, una norma muy alabada en diversas fuentes, escueta, clara y con una intención de proteger al usuario tan incontrovertible como se desprende de estas palabras de su preámbulo:
   La justificada alarma que en la opinión pública ha producido la reiterada comisión de abusos, que, de una parte, constituyen grave alteración de la convivencia social, y de otra, evidentes hechos delictivos, ocasionando además perjuicios irreparables a quienes confiados y de buena fe aceptan sin reparo alguno aquellos ofrecimientos, obliga a establecer con carácter general normas preventivas que garanticen tanto la aplicación real y efectiva de los medios económicos anticipados por los adquirentes y futuros usuarios a la construcción de su vivienda como su devolución en el supuesto de que ésta no se lleve a efecto.
   La principal virtud de esta ley era que establecía que, en el caso de que los promotores escurrieran el bulto, los bancos o aseguradoras que los hubieran respaldado estaban obligados a responder de sus deudas con los compradores. Lamentablemente, esto tuvo un triste final en 2015 (ver nota 2), pues en ese año se promulgó una ley que exoneraba a aseguradoras y bancos en perjuicio de los ciudadanos, un auténtico retroceso perpetrado en el siglo XXI que demuestra muy a las claras el poder del dinero en nuestro país: sorprende que un parlamento democrático, en plena marea de reclamaciones subsiguiente al tsunami de abusos de la burbuja, despojase a los perjudicados de un instrumento tan valioso para hacer justicia, y más aún cuando, releyendo las palabras de 1968 que he reproducido más arriba, estaremos de acuerdo en que en 2015, y sin tocar ni una coma, conservaban una vigencia absoluta, deberíamos sacar conclusiones acerca de cómo se están deteriorando ciertas cosas en España. Ahora bien, por suerte, la desprotección no es absoluta, como puede deducirse de la noticia de la nota cinco.
    En suma, en el asunto de la vivienda, que constituye un fragmento muy voluminoso de la economía de las personas, la protección que nos brinden las leyes será crucial, y también muy reveladora de si nuestros políticos se ocupan de los derechos de la ciudadanía o de otras cosas que no son admisibles, como la demagogia barata y pseudosocial que solo beneficia a unos cuantos sinvergüenzas o el blindaje de los intereses de los grandes poderes económicos. Como veis por este artículo, es este un terreno en el que existen lamentables sombras, pero también luces de las que debemos congratularnos y estar muy al tanto, porque un percance en el que se halle envuelta la vivienda puede resultarnos muy gravoso o llevarnos directamente a la ruina.  

   Por si os pudiera interesar a alguno, aquí podéis ver la trayectoria sufrida por la Ley 57/1968 y los asuntos a que se refería, reflejada en algunos artículos de "El País":

1,- 2013. Con la antigua Ley de 1968, los bancos y aseguradoras son responsables subsidiarios: Compradores de promociones fantasma recuperan el dinero por una ley de 1968.

2. -2015. La Ley 20/2015 exonera a bancos y aseguradoras: Salto atrás en la protección del comprador de vivienda. 

3.- 2018. Quienes compraron antes de enero de 2016, podrán acogerse a la Ley 57/1968: Golpe al fraude en la vivienda.
4.- 2018. La amenaza latente de la indefensión: Las cicatrices sin cerrar de la última burbuja inmobiliaria.
5.- 2018. Importancia de la implicación del banco: El BBVA paga al dueño de una vivienda sobre plano para evitar que pleitee.