Publica hoy "El País"
una entrevista a la nueva ministra de Educación y Formación Profesional, doña Isabel Celaá, quien cumple con el indispensable requisito que tiene todo alto cargo de presentarse y mostrar cuanto antes a la opinión pública las líneas maestras que van a marcar su gestión. La propuesta que destaca el medio destinándola al titular es el anuncio de que el ministerio creará una asignatura de valores cívicos y éticos que será obligatoria, pues, a juicio de la señora Celaá, "los valores cívicos han de ser universales y, por tanto, todos los alumnos y alumnas han de cursarlos". Si entendemos por valores cívicos cosas como que hay que respetar a los demás, no hay que robar, son odiosas las discriminaciones por razones de raza, sexo, pensamiento o condición social, que existen derechos pero también deberes, que hay que cuidar el medio ambiente o cuáles son los rasgos que diferencian a las democracias de los totalitarismos, no solo estoy al cien por cien de acuerdo con su propuesta, sino que la he defendido hasta en los tiempos de aquella polémica de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que fue tan agria como manipulada. ¿Por qué estoy tan convencido? Porque tengo comprobado que, por desgracia y aunque parezca increíble, existen muchas personas hoy en día a las que, este ABC ciudadano, si no se lo da la escuela, no se lo va a dar nadie. Dice la señora Celaá otra cosa en la que no solo estoy de acuerdo, sino que, como la anterior, la he defendido por escrito muchas veces: que los alumnos que no sean de Religión no cursarán una asignatura alternativa, porque el derecho de unos (a cursar Religión) no puede acarrear la obligación de otros a que les metan con calzador cualquier materia solo para que la Conferencia Episcopal no se queje de que la Religión queda en desventaja. Y, por cierto, aplaudo también la anunciada medida de que se vaya a suprimir ese abuso de que la Religión cuente para la nota media, abuso y discriminación, lo afirmo después de haber estado en centenares de juntas de evaluación y ver las notazas tan asombrosas que sacaban en esta asignatura hasta los alumnos que manifestaban el más contumaz rechazo al estudio. Por último, no puedo sino aplaudir con entusiasmo la promesa que hace la ministra de revertir los agravios sufridos por los profesores a raíz del decreto 14/2012, aunque me preocupa que no deje muy claro cómo piensa hacerlo.
Estaréis asombrados de tanta indulgencia, así que paso ya a la parte cruda del artículo. Lógicamente, al tratarse de una entrevista con una ministra, no se podía esperar que bajase a los detalles de la vida escolar, a ese vaciado de los programas, ese aprobado regalado y esa conflictividad que tanto daño hacen en nuestra enseñanza, sino que lo que hace ella es pronunciarse sobre las grandes líneas de política educativa general. Y al hacerlo, en más de una ocasión, se quita de encima temas sin entrar en sus aspectos polémicos, como ocurre en el caso de la concertada, que se despacha con vaguedad y una acusación contra la LOMCE de la que habría mucho que matizar, o en el ya más clamoroso de los ataques al castellano en las comunidades bilingües, que se quita de encima como si ahí no pasase nada, cuando es un asunto gravísimo, inscrito por cierto en el mayor reto que afronta su Gobierno y en el que aún no ha dado un solo paso que inspire tranquilidad. Este es uno de los baches más grandes de la entrevista y a mí me genera mucho pesimismo, pues deja bastante claro que el PSOE no piensa mover un dedo en una cuestión en la que se están cometiendo intolerables abusos por parte de los partidos nacionalistas, sus aliados, sus tontos útiles y sus cómplices por inhibición, entre los que los gobiernos centrales han estado ya demasiado tiempo. Unido a este tema de las lenguas, introduce ella misma el del bilingüismo y lo hace una vez más con una asepsia que choca frontalmente con los problemas de fondo, funcionamiento y pobreza de resultados que arroja este engendro en que se ha empeñado nuestra clase política.
Entro ya en el terreno de las cosas que me generan mayor desacuerdo. La señora Celaá piensa hacer con la LOMCE la misma chapuza que el PP hizo con la LOE: parchearla, es decir, aprobar una ley que la descargue de los aspectos que ella considera menos aceptables, pero manteniéndola. Esa ley entraría en vigor en el curso 19-20, con lo cual creo que, cualquiera que me esté leyendo habrá entendido ya el disparate hacia el que estoy señalando. Dejando ahora aparte todas las leyes anteriores, con sus gordísimos problemas y errores, convendremos en que la vigencia de la LOMCE, que es ya de cuatro años, ha sido particularmente caótica, debido a la ineptitud con la que la gestionó el PP y al torpedeo a veces canallesco de sus adversarios políticos. Hemos estado cuatro años con un marco educativo fallido, conflictivo y confuso, y ahora, doña Isabel Celaá, ministra del ramo del PSOE, nos anuncia que la ley modificadora que proyecta "entraría en vigor en el curso 19-20", el cual, queridos amigos, empezará dentro de los catorce meses que quedan hasta el 1 de septiembre de 2019. Sinceramente, me parece un disparate: ¿a qué tanta prisa? Está históricamente demostrado que una de las fijaciones del PSOE es tener bajo su dominio las leyes educativas, pero ahora, con solo dos años para las próximas elecciones generales, para conseguir esto antes de que quizás ya no esté en condiciones de hacerlo, necesita obrar con una urgencia que parece dispuesto a imponer, échense a temblar alumnos y profesores. Solo pensando en que en España llevamos más de 25 años (= 300 meses) con un sistema educativo deficiente e insatisfactorio, aproximadamente 10 (= 120 meses) con la clase política hablando de acuerdo educativo pero sin llegar siquiera a bosquejar unas líneas mínimas, con los últimos 4 (= 48 meses) con una ley mala, pero no mucho peor que las anteriores (de las que procede), rechazada y lapidada por partidos y sindicatos, se hace meridianamente claro que sería imposible que este Gobierno ni ninguno levantase en 14 meses ninguna ley educativa que no fuese un desastre.
Y me temo que estemos irremediablemente abocados a ello, porque ya no es solo la ridícula disponibilidad de tiempo, sino que está otra cosa mucho peor y que todos sabemos, dadas las actuales alianzas parlamentarias. ¿De verdad cree la señora Celaá que esa ley catorcemesina va a poder aprobarla con un consenso amplio? Por lo que dice en su entrevista, se deduce que cuenta con excluir al PP y luego ir sacando una cosita por aquí y otra por allí pactando unas veces con unos (supongo que con la macedonia que apoyó la moción de censura) y otras con otros (es de pensar que Ciudadanos y algún despistado, quién sabe si hasta el propio PP), lo que lleva a sospechar que la audacia de pirata del Caribe del actual presidente del Gobierno se está contagiando a sus ministros, pero, bromas aparte: ¿no parece un poco difícil está aritmética? ¿No sería irremisiblemente una colección de remiendos chapuceros lo que saliera de ahí, si es que salía algo? Desde luego, no se parecería ni de lejos a un consenso amplio, ese consenso amplio sin el cual, en esto parece que estamos todos de acuerdo, estaría abocada al fracaso cualquier ley educativa. Si esta va a ser la mecánica que va a presidir la elaboración de la norma que prepara el PSOE, me temo que don José Ignacio Wert corre un serio peligro de morirse de risa.
Y ahora que nombro a Wert, voy a hacer los dos penúltimos apuntes, referidos a algunas de las cosas sensatas que dijo e hizo o intentó hacer. Una de las intenciones que repetidamente manifestó a propósito de su ley fue la de invertir la proporción entre titulados universitarios y titulados superiores de FP, que a su juicio (y al mío) estaba mal correlacionada en España, donde hay dos titulados universitarios por uno de FP, justo lo contrario que en Alemania, que para esto sí es buen modelo. Por esto fue duramente criticado por todos, incluido el PSOE, con la eterna cantinela de la discriminación y tal; pues bien: ahora va el PSOE y se marca la frivolidad de ponerle al ministerio el nombre de Ministerio de Educación y Formación Profesional (como si la FP no fuera educación), para que veamos todos lo que le importa el tema, y no solo eso, sino que la ministra termina su entrevista señalando este problema de la FP: "Tenemos un 12% de alumnos, la mitad del 25% de la OCDE". Si esto no es cinismo, no sé qué será cinismo en el mundo. Otra cosa buena de Wert: tuvo la valentía de decir una gran verdad: que la selectividad española no valía para nada, porque no selecciona. En la entrevista, la ministra dice que la EBAU (actual selectividad) cumple su función satisfactoriamente. Si su función es dejar que a las cada vez menos exigentes y más clientelares universidades españolas pasen un contingente de alumnos bien preparados y otro contingente que no lo está en absoluto, le doy la razón. Y creo que esta es en realidad la postura de la señora Celaá, ya que ha sido siempre la de su partido: que los alumnos pasen aprendan lo que aprendan, lo digo porque al principio de la entrevista declara, como argumento para quitar las reválidas, que la equidad es nuestra mayor fortaleza. A ver cuándo se entera el PSOE de que equidad es que todos tengan derecho a estudiar, no que todos tengan derecho a aprobar: este último tiene que ganárselo cada uno con su esfuerzo.
El último apunte: en el improbable caso de que alguna vez llegue a ministro, yo quiero que me entreviste siempre Anabel Díez, ¡hay que ver qué fácil se lo ha puesto a la señora Celaá!
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