¿Pero de verdad es necesario un ministerio de igualdad?

   Hace ya muchos años (en esta cercana galaxia llamada España), vi en un telediario una crónica parlamentaria ofrecida por el inolvidable Luis Carandell que incluía esta frase de un antiguo diputado de principios del siglo XX, creo, no lo sé porque estoy citando de memoria: "Señorías, todos los problemas de España se resolverían si el banco azul, en lugar de medir siete metros, midiera siete kilómetros". ¿A quién puede caberle duda de que esta es la filosofía que ha aplicado Pedro Sánchez para componer su Gobierno de coalición? Y, para aplicarla, hombre expeditivo como es, no se ha andado por las ramas y ha hecho uso de la sencilla fórmula de sacarse de la manga ministerios innecesarios que han ido a parar a los ministros de Unidas Podemos. Uno de ellos es sin duda el de Igualdad, que le ha correspondido a Irene Montero. 

     Deberíamos empezar por señalar que la igualdad constituye un ideal en la concepción de toda sociedad que aspire a ser justa, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque entre los inclinados al totalitarismo existen muchos que pervierten su sentido para adecuarla a sus torcidos intereses. Están muy bien la igualdad de derechos, la igualdad de trato o la igualdad de oportunidades; está muy bien también la creación de mecanismos para compensar las desventajas de origen socioeconómico (ejemplo de ello serían las ayudas sociales de todo tipo), pero debemos desconfiar de cualquier propuesta de "igualdad" que acabe haciéndonos a todos tan iguales como los ladrillos de una pared o generando resultados injustos como el dar el mismo a trato al que acredita méritos como al que acredita deméritos. Un ejemplo de esto último es algo contra lo que me pasé luchando toda mi larga etapa como profesor: la supuesta justicia que algunos encontraban en regalar aprobados a los alumnos que no los merecían, con lo que se igualaba a quienes habían demostrado esfuerzo, interés y aprovechamiento con muchos que se habían pasado el curso entero holgazaneando: no me cansaré de repetir que el universal derecho a la educación no implica el inexistente derecho universal al aprobado.

   Por lo  demás, cuando se plantea la creación de un ministerio de igualdad, debería surgir con toda lógica la pregunta acerca de sus competencias, ya que en este mundo las desigualdades son muy diversas, pero, sin que resulte sorprendente y sin siquiera preguntar, todos hemos entendido que se va a ocupar de la desigualdad entre hombres y mujeres. Haría falta ser muy obtuso para negar que a lo largo de la historia las mujeres han padecido opresiones, maltratos y discriminaciones de todo tipo, lacras que en la actualidad todavía persisten y, en según qué sitios, de manera extremada y repugnante. Ahora bien: ¿es España un país en el que se discrimine a las mujeres? No voy a negar que existan situaciones de hecho en las que ello ocurra, pero afirmo rotundamente que, tanto desde el punto de vista del ordenamiento legal (ya muy claramente desde el artículo 14 de nuestra Constitución) como desde el de los valores sociales mayoritariamente aceptados, vivimos en un país donde por fortuna la igualdad entre hombres y mujeres es una realidad, y aún voy más lejos: no es infrecuente encontrar testimonios que aseguran que es uno de los más igualitarios del mundo en este sentido, quizás el que más. 

   Por lo tanto, aunque parezca pecado decirlo, cualquier manifestación concreta de discriminación (sea contra mujeres o contra hombres, que también se dan) que se produzca puede muy bien abordarse desde las leyes que ya tenemos o haciendo los oportunos ajustes en los fallos puntuales que presenten, así que encuentro innecesaria la creación de un ministerio de igualdad. Existen además una serie de factores que me hacen temer que lo que se ha creado va a rebasar los límites de la inutilidad y va a resultar perjudicial. El primero de esos factores está fuera del neonato ministerio y se llama Pedro Sánchez, cuyas reiteradas proclamas en favor del feminismo han despedido siempre un tufo electoralista y han estado dirigidas a los sectores más totalitarios de esta ideología, ya que él también es de los que piensan que todos tenemos que ser feministas. El segundo se llama Carmen Calvo, veterana "miembra" del Gobierno y que se ha venido ocupando hasta ahora de la cuestión de las políticas de género con el sesgo totalitario de su jefe de filas. El tercero (pero no el último) se llama Irene Montero, cuya trayectoria (dejo aquí una pequeña muestra) presagia que la igualdad emanada de su ministerio no va a ser muy equilibrada.  

    Y, si alguien lo duda, puede echar un vistazo al perfil de Boti y Bea, las dos afamadas activistas LGTBI que ha integrado en su equipo: ¿de verdad quieren hacernos creer que personas como estas son las idóneas para llevar a cabo políticas de igualdad? Vuelvo a algo que planteé unos párrafos más arriba, porque va a tener al final mucha importancia: ¿qué va a entender por igualdad el Ministerio de Igualdad? ¿De qué igualdad se va a ocupar? ¿De la de los colectivos LGTBI? Tengo serias dudas de que nadie en España sufra persecución o discriminación estructural por sus preferencias sexuales, así que empiezo a no entender tanto departamento y tanta norma que se ocupe específicamente de ella; arriesgando mi pescuezo, iré más lejos y diré que me alarma algo que figura en la noticia sobre Boti y Bea que he enlazado: que las aportaciones de estas señoras van a estar en la futura Ley de Igualdad LGTBI o en la prevista actualización de la Ley de Igualdad de Género, me alarma porque ya me he tropezado con algunas propuestas procedentes de este colectivo (Identidad de género en Valencia y Desheterosexualizar la escuela) y tengo razones muy poderosas para afirmar que lo que ahí hay, más que igualdad, es imposición de sus caprichos, inquisitorial segregacionismo y odio a la heterosexualidad. Los sectarizados colectivos LGTBI no representan ni de lejos a todas las personas  de las opciones sexuales que simbolizan sus siglas y tampoco son nadie para tomar decisiones que afecten a la ciudadanía en general, dada su obsesión por imponer lo suyo particular. Para fundamentar esto, voy a terminar este artículo con las últimas palabras del que habla de Boti y Bea:

   Una de sus primeras tareas será mediar en la guerra abierta entre las feministas tradicionales y los transgénero, que afloró el verano pasado cuando, en unas jornadas en Gijón, activistas como la catedrática Amelia Valcárcel, Alicia Miyares o la exdiputada del PSOE Ángeles Álvarez arremetieron muy duramente contra el colectivo LGTBI, lo que provocó la censura de la FELGTB, y el inmediato etiquetado como TERFs (feministas radicales transexcluyentes). 

   ¿Para estas batallitas se crean ministerios en España?