La Generalitat valenciana y la identidad de género

   Llega a mis oídos y me produce una gran preocupación una reciente medida del Gobierno de la Comunidad Valenciana, cuya consejería de Educación ha dictado unas instrucciones "para garantizar el derecho a la identidad de género, la expresión de género y la intersexualidad". Pulsad este enlace si queréis conocer el texto original:

GARANTÍAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

EN LO TOCANTE A IDENTIDAD (SEXUAL, EN ESTE CASO)

    Lo primero que le llama la atención al guachimán es un detalle trivial: la norma está publicada a dos columnas, una en catalán (al que en Valencia llaman valenciano, que es como si en Cáceres llamaran cacereño al castellano) y otra en español. Os reproduzco aquí los encabezamientos, que es donde está lo que me llama la atención:

Columna en catalán	Columna en castellano
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport	Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

    No tengo nada que comentar a lo escrito en catalán, pero, en lo que se refiere al castellano, ¿alguien podría decirme lo que es una conselleria? Aunque, bien mirado, también yo es que me paso de meticuloso: ¿a quién se le ocurre esperar cuidado en formalidades como esta, que son lo de menos, cuando estamos hablando de una ley que disparata en sus disposiciones, que son lo importante?
    Porque estas instrucciones son un pavoroso disparate en su conjunto, en su intención, en su concepción: leedlas y lo veréis, porque, al contrario de lo que suelo hacer, en este caso, no voy a entrar en una disección a fondo del documento, pues me saldría un artículo demasiado largo.  Garantizar los derechos que pretende amparar este texto me parece una intención encomiable, pero eso se hace actuando contra los que los ataquen o los impidan, no creando un protocolo ultraprotector e inquisitorial. Pongo un ejemplo: desde la misma Constitución, los españoles tenemos garantizado el derecho a la libre circulación: ¿acaso hace falta un protocolo especial para ampararlo? Naturalmente que no: basta con que se apliquen las leyes ordinarias.
    La corrección política, esa colosal invención del ingenio humano que sirve en la actualidad para ejercer un control totalitario en países que son o pretenden ser democráticos, tiene (al menos en España) en lo relativo a los derechos de las minorías, un suculento filón por el que hincarnos el diente a todos con el fin de convertir sociedades libres en inquisitoriales sociedades de la vigilancia: siempre diré que la corrección política es la Santa Inquisición de nuestros tiempos. Este documento de la consejería valenciana es una prueba palmaria de ello: a remolque de amparar unos derechos que en España hoy están muy consolidados, se saca de la manga un protocolo de 17 páginas en el que exhaustivamente establece: un muy ideologizado vocabulario de términos relativos a la identidad sexual (sesgado punto de partida que ya pone en duda toda la norma), unas serias responsabilidades, una descripción de las actuaciones, un organigrama, unos registros, unos indicadores: ¡a ver quién se escapa! ¡Una apabullante máquina de vigilar edificada sobre la discriminación en materia de orientación sexual, pasando por alto el hecho de que, por fortuna, en la mayoría de los centros no va a haber nada que vigilar!
   ¿O sí?
   Echadle un vistazo al protocolo y veréis lo terrible que puede llegar a ser la vigilancia por la vigilancia. Encontraréis en él la obligación impuesta a todos de estar vigilantes al más mínimo indicio, so pena de incurrir en responsabilidades, de buscar tanto al divergente como al que lo rechaza (con lo que ya es la propia norma antidiscriminatoria la que empieza por discriminar al "diferente"), de incluir la intersexualidad en los programas educativos hasta unos extremos de ridiculez a la altura del puritanismo monjil (apartado 6.3.3)... En la página 36049, podemos leer como estas instrucciones otorgan a los centros educativos una nueva función, feliz y muy acorde con su naturaleza: la de vigilar si las familias son diligentes o tibias en materia de inclusión sexual, ¡cuidado!, con potestad de denunciar ante las autoridades pertinentes: si esto no es inquisición, se le parece bastante. Pues sí, amigos, hay algo que vigilar: tenemos que vigilarnos todos a todos.
   Ahora se han puesto de moda este tipo de protocolos, muy en especial, para casos de acoso. Cabría preguntarse una cosa: ¿por qué? Sí, claro, es alarmante la cantidad de casos de acoso que se detectan, pero también diré una cosa: casos de acoso los ha habido siempre, y los resolvíamos sin protocolos. En el año 1990, participé en la resolución de un caso bastante grave. Durante dos o tres meses, un chico estuvo amenazando a otro con matarles a él y a toda su familia si no le daba todo lo que le pedía; consiguió sacarle mucho, en dinero y diversos bienes, hasta que la víctima no pudo más, nos  contó lo que le ocurría al equipo directivo y el asunto acabó con una expulsión fulminante del acosador durante dos semanas y una severísima vigilancia a partir de entonces. A la familia de la víctima, le dijimos que nosotros solo podíamos llegar hasta ahí, pero que para mayores reclamaciones, estaban los juzgados. Veinte años después, la cuestión es que alguien, no diré quién, introdujo en los centros la práctica de ser benevolentes con los acosadores y, por supuesto, nada de recomendar eso de ir al juzgado: ¿será esta una de las causas de que hayan ido proliferando y hayamos llegado a casos tan dramáticos como algunos que por desgracia hemos visto?
    Muy típico de ciertos sectores seráficos es repartir las culpas: después de décadas de roussoniana benevolencia con los energúmenos, ahora se pone de moda la crudeza, pero no con ellos, sino repartida y ejercida, vía protocolo, con los nuevos depositarios de la responsabilidad: padres, profesores, directores... El niño -aun el que estigmatiza, acosa o pega- sigue siendo eufemísticamente intocable; hacia esa angelical abstracción en que lo hemos convertido solo se dirigen propósitos expresados bajo untuosidades como "medidas correctoras", "actuaciones reeducadoras", etc. Nada de sanciones patentes y perceptibles, todo se envuelve en una hojarasca de protocolos pseudopreventivos. Muy típico de burócratas y políticos hipócritas. Buenismo, burocracia, demagogia, hipocresía: corrección política. Inquisición destinada a amordazar al que señala las disfunciones antes que a resolver los problemas: esto impera en la enseñanza desde hace treinta años o más.
   Termino con una reflexión acerca de uno de los puntos más patéticos de este superprotocolo valenciano, que ha sido resaltado por los medios de comunicación y que quizás a algunos les haga gracia por lo ridículo, pero que puede encerrar su peligro, me estoy refiriendo al apartado que dice: "conviene estudiar y repensar la disponibilidad y distribución de lavabos de chicos y chicas, o la posibilidad de que sean mixtos".   Cuando uno ve -y plasmado en una norma legal- una estupidez, un despropósito de las colosales dimensiones de este, no tiene más remedio que preguntarse quién ha podido redactar este engendro, qué poderosísimo compromiso tendrá con la intersexualidad, tan grande que le lleva al punto de arriesgarse en su nombre a disponer que los chicos y las chicas vayan a los mismos servicios. Está claro que le importan mucho los derechos de los intersexuales, pero minimiza los riesgos de que en los lavabos puedan ocurrir cosas muy lamentables entre chicos y chicas. Porque ese tipo de cosas pueden darse (¿o ese alguien es tan simple que piensa que no?), sería un auténtico crimen facilitarlas, aunque ya me imagino que, para esa eventualidad, la conselleria valenciana ya tendrá pensados los pertinentes protocolos. No doy crédito; asquea pensar que gente con responsabilidades de gobierno pueda llegar a tal nivel de frivolidad y falta de perspectiva.