Desmán totalitario de la Generalitat contra los profesores

   Hará un par de semanas, se produjo un cierto malestar entre algunos sectores del profesorado por una noticia relativa a la Ley 26/2015, una norma que, básicamente, pretende reforzar la protección de los menores en diversos ámbitos. El malestar procedía del titular de esa noticia de eldiario.es que os he enlazado arriba, el cual decía exactamente esto:

Educación va a exigir a todos los profesores de España 

un certificado de antecedentes por delitos sexuales.

   Supongo que más de uno os habréis echado las manos a la cabeza, porque, si es cierto lo que acabáis de leer, de aquí a nada las autoridades educativas españolas van a exigir a todos los profesores del país que acrediten que son delincuentes sexuales. Quiero espantar vuestra lógica zozobra: no es que la perversión sexual se haya adueñado de la Administración española, es solo que los redactores de eldiario.es no anduvieron muy finos y se olvidaron de poner la palabra "negativo" después de "certificado", lo que habría dejado claras las intenciones de Educación, o, mejor dicho, las que el medio le atribuye, de cualquier modo, mucho más sanas que las que se desprenden del titular. Hasta aquí, el malestar e indignación de esa parte del profesorado parece cosa absolutamente lógica, pero... ¿eran esas realmente las intenciones de la Ley 26/2015? Como no lo tenía muy claro, vuestro amigo el guachimán procedió a leerla y pudo así encontrar el punto del que procede la interpretación del periódico, que es exactamente el número 5 del apartado 8 del artículo 12, que se ocupa de las actuaciones de protección. Dice esto: 

    Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

   A la vista de su contenido y, muy en especial, de la parte subrayada, interpreté y sigo interpretando que esta norma solo impone tal acreditación a quienes pretendan acceder a cualquier profesión o actividad (no solo a la de profesor) relacionada con menores. En consecuencia, en el contexto de la polémica que ya se había suscitado, yo sostuve que esta norma no podía interpretarse como otra agresión al profesorado en ejercicio, colectivo al que nada demandaba, pero he de decir que me quedé solo ante otros colegas que, con diversos argumentos, afirmaban que sí lo era, real o potencialmente. 

   Ha hecho falta poco tiempo para que la realidad les diera la razón a mis oponentes. Ayer, mi amigo Xavier Masó, en un artículo titulado Bajo sospecha de sambenito, daba cuenta de la publicación, con fecha de 25 de noviembre, de una instrucción de la Secretaría de Administración y Función Pública de la Generalitat de Cataluña en la que se establecen los términos en que este organismo pretende concretar para el ámbito catalán la aplicación de la Ley 26/2015. Sobrepasando (o quizás habría que decir: retorciendo canallescamente) ese mismo artículo 5, que cita casi al principio y casi con los mismos subrayados con que yo lo reproduzco, la secretaría esa de la Generalitat, con respecto a las personas que ya están en puestos de trabajo relacionados con menores (caso en el que, por supuesto, sí estarían los profesores), pretende nada menos que esto:

   1.- Que presenten una declaración jurada de no haber sido condenados por sentencia firme por delitos de carácter sexual (apartado 2b). Preguntas del guachimán: ¿qué entiende la Generalitat por presunción de inocencia? ¿Van a tener, con arreglo a esta basura de instrucción estalinista, profesores o pediatras, por el mero hecho de ejercer tales profesiones, que jurar que no son pederastas?

   2.- Que, a dicha declaración, adjunten una autorización expresa que permita en cualquier momento a la Administración comprobar la veracidad de tales datos (apartado 2b).  En otras palabras: que la Generalitat pretende arrogarse el derecho de fisgar en las vidas de las personas, y además, obligándolas a que sean ellas mismas quienes les den el permiso. ¡Qué gran papel habría hecho en la Gestapo el inventor de esta norma!

   3.- Que tanto esas declaraciones como las certificaciones negativas tengan una validez de un año, lo que equivale a decir que tendrán que ser renovadas periódicamente. O sea que, a partir de ahora, todo aquel que trabaje con menores en Cataluña se ha convertido en un sospechoso habitual que tendrá que demostrar cada año eso de antes: que no es un pederasta. Se me ocurre una sugerencia para la Generalitat: ¿por qué no usa esas estrellas amarillas que llevan algunas esteladas para ponérselas en el pecho a profesores, pediatras, etc.?

   ¿Cuál de estas pretensiones es una burrada mayor, cuál es un atentado más denigrante a derechos ciudadanos elementales en cualquier país mínimamente civilizado? Bien es verdad que cosas como estas, si ocurren  en Cataluña, no resultan extrañas. ¿Cómo van a extrañar en una comunidad cuyo gobierno lleva años empeñado en una ofensiva separatista que apesta a golpe de estado? ¿Cómo van a extrañar viniendo de una Generalitat que lleva años malgastando en oligofrénicos planes separatistas el dinero que debería usar para el bien común? ¿Cómo van a extrañar en una comunidad cuya política de los últimos años ha estado guiada por objetivos y actuaciones delirantes, líderes inanes, corruptos, mesiánicos y/o fanáticos, asociaciones estrafalarias y partidos que eran sentinas de corrupción o sucursales de la nave de los locos? ¿Cómo va a extrañar que se pretenda estigmatizar a los profesores (entre otros colectivos igualmente honorables) en una comunidad cuya consejera de educación despreció a un profesor recién asesinado y ejerció una cobarde y ladina presión sobre los directores en aquella payasada del referéndum? ¿Cómo va a extrañar un desprecio a los derechos ciudadanos en una comunidad donde el nacionalismo lleva años cometiendo abusos?

   No puede extrañar. Y este último desmán totalitario, para mayor repugnante vergüenza, se lo permite un gobierno interino y en apestoso estado  de descomposición, y encima, a través de tan sólida norma como una instrucción nada menos que de una secretaría y firmada por una tal Meritxell no sé cuántos, rubricada con su altísima autoridad... de secretaria: la típica mezquindad cobarde que lleva años exhibiendo el gobierno catalán: eludir las responsabilidades dejando el trabajo sucio en manos de "mandaos", de botarates, de esbirros o de voluntarios a la fuerza.

   Amigo Xavier: ¿vas a decirme que os vais a tragar este sapo? Negaos a cumplir semejante vulneración de vuestros derechos, coged esa instrucción y llevadla al juzgado más próximo, no os dejéis patear por la indecencia.