Rebasada ya la primera semana de huelga de la enseñanza en Madrid, voy a permitirme hacer un balance parcial de este conflicto, el cual empezaré recapitulando y por tanto recordando cosas más que sabidas. El pasado cuatro de julio, la Consejería de Educación publicó las instrucciones para el inicio del curso 2011 - 2012, un documento de 35 páginas con más de una carga de profundidad, de las que -por ir a lo concreto- recordaré que las más escandalosas y fuertemente rechazadas por el profesorado fueron tres: dos explícitas (el aumento de 18 a 20 horas lectivas en secundaria y la negación del carácter de lectiva a la hora de tutoría) y una implícita (el envío al paro de un alto número de profesores interinos). Lo de la tutoría fue finalmente retirado de facto tras una errática trayectoria de órdenes y contraórdenes absurdas, y resultó además una demostración de que los responsables de esas instrucciones desconocen el funcionamiento de los centros, lo cual, si bien explicaría en parte el lamentable error que han cometido, es muy preocupante. Ignoro cuál era el propósito del gobierno autonómico al publicar tan delirantes normas, pero, si era un deseo de provocar (cosa con la que se ha especulado mucho), hay que reconocer que, al menos en eso, acertaron de pleno, ya que han conseguido la indignación más rotunda y unánime del profesorado de secundaria. Salvadas las diferencias, no recuerdo nada parecido desde la muy mayoritaria huelga de 1988, y no solo eso, sino que además el rechazo y la estupefacción se han extendido a otros sectores del profesorado y la sociedad. Como dato que juzgo muy significativo, señalaré también que, en aquella ocasión, el apoyo claro y explícito de los padres se produjo cuando el conflicto estaba ya prácticamente resuelto, mientras que en el actual su presencia y aliento han sido nutridos, intensos y activos desde el principio, en concreciones tan diversas como encierros, reuniones de AMPA's o con los claustros, multitud de documentos de apoyo, cartas de protesta a la consejería y participación en concentraciones y manifestaciones. Y otro tanto puede decirse de los alumnos. La presidenta madrileña podrá hablar de cejas, liberados y otros dudosos fantasmas conspiratorios, pero lo cierto es que hasta ella sabe muy bien que eso es tan falso como ridículo y que quienes le han manifestado su desacuerdo (de manera especial, en las muy concurridas movilizaciones en la calle de los días 14, 20, 21 y 22 de septiembre: cuatro en menos de diez días, se dice pronto) han sido los profesores y un amplio sector de la sociedad. Sabe igualmente muy bien que el rechazo a sus maniobras que los docentes han mostrado en las jornadas de huelga de los días 20 y 21 ha sido muy mayoritario, cosa que sin duda le preocupa, como puede deducirse de su intento de falsear las cifras.
En suma, hoy 25 de septiembre, lo que hay en la enseñanza madrileña es esto: unos institutos incendiados, un profesorado de secundaria indignado, muy contrario a las medidas de la administración y altamente movilizado, una huelga en secundaria que amenaza con extenderse a primaria y FP, unos padres y unos alumnos muy en sintonía con la indignación profesoral, una marea verde que toma periódicamente la calle y saca de quicio a más de uno (o una), un montón de profesores que están en el paro pero deberían estar trabajando donde hacen falta, es decir, en los centros y, por último y en lo referido a estos, el caos orgaizativo más monumental que he visto en mis 28 años de docencia, fruto de una normativa innecesaria y disparatada, y que se concreta en falta de profesores, gente dando lo que no debiera, servicios que no se han cubierto y no se cubrirán por carencia de personal, profesionales que se sienten agraviados por haber sido enviados a destinos en disonancia con su antigüedad y méritos, profesores con su oposición aprobada amenazados con pasarse un año haciendo sustituciones y no sabiendo aún muy bien cómo van a cobrar, mientras que, al mismo tiempo, al parecer se contrata para dar clase a personas sin acreditación alguna y pertenecientes a ciertas empresas privadas (1) y, por último, algo que se está fraguando y puede ser gordo cuando estalle: el aluvión de recursos contra los horarios que se avecina, ya que los que se cierren a 20 horas lectivas van a estar casi sin remisión contraviniendo las instrucciones para la regulación de centros del 29 de junio de 1994 (2) y sentencias judiciales muy claras que hay al respecto, como puede verse en algunas páginas que ya están organizando esta medida (3). Y es que unas instrucciones firmadas por una viceconsejera autonómica, por lo que se dice, no pueden saltarse una orden firmada por un ministro. Mal asunto es que las propias administraciones incumplan las leyes a capricho. En pocas palabras: alguien ha incendiado la enseñanza pública madrileña.
Y todo esto, ¿por qué? La principal razón que han esgrimido la presidenta madrileña y sus subalternos para respaldar estas incendiarias instrucciones ha sido la necesidad de ahorrar debido a los tiempos de crisis que atravesamos. Según la presidenta y la consejería, al subir las horas lectivas de 18 a 20, las arcas se van a ahorrar 80 millones de euros en sueldos. Este ha sido el principal argumento manejado (luego veremos otras cosas que no me atrevo a llamar argumentos) y es quebradizo ya desde el principio. Primero, porque en la famosa carta que Aguirre envió a los docentes, dice
con preocupación que hoy “las empresas despiden, los jóvenes van a engrosar las listas del paro y cada día hay más familias con todos sus miembros desempleados”: no se entiende que una dirigente que muestra tan razonables temores lo haga para, unas líneas después, acabar pidiendo comprensión hacia unas medidas que iban a crear más paro, por lo que queda claro que sus argumentos eran incongruentes desde el principio; no se aclara, aunque parece bien sencillo: ante una situación como la que ella misma señala, la obligación de un dirigente político es luchar contra el paro, no aumentarlo. En segundo lugar, porque las precisiones posteriores que hizo Lucía Figar en una entrevista televisada (4) corroboraron la falta de solidez del argumento económico, ya que explicó que esos ochenta millones se iban a dedicar a becas para libros y comedor, con lo que la pregunta inevitable es: ¿es que la política social del PP ha de hacerse a costa de mandar gente al paro y armar un zafarrancho en la enseñanza? Pues bonita política social. Aclaro, además, que la política de ayudas en esos capítulos es raquítica, no sé cómo tuvo la consejera la audacia de recurrir a tal argumento. Pero es que aún hay más, porque, frente a esta endeblez, como cualquiera que esté conectado a los medios de comunicación o a internet sabe muy bien, desde el momento en que el gobierno madrileño esgrimió el argumento económico, brotó un auténtico caudal de contraargumentos bastante más sólidos que demostraban que no valía, ya que había despilfarrado en unos capítulos o podía detraer fondos de otros menos sensibles. La lista sería interminable, así que cito solo algunos: las clases de religión, las ayudas fiscales que favorecen a la enseñanza privada, el trato privilegiado a la enseñanza privada, despilfarros diversos que van desde Telemadrid hasta los sueldazos de los altos cargos, los 20 millones de euros regalados a los peregrinos en transporte durante la visita papal, despilfarros en publicidad y un largo etcétera, del que no habría que detraer los despilfarros en asesores, cochazos, sueldos disparados de los políticos y ese largo etcétera de nuestra actual situación al que la comunidad de Madrid no es ni mucho menos ajena. En definitiva, no hay razones económicas que fundamenten que haya que sacar 80 millones de euros de la educación pública madrileña, ni que haya que castigar a un sector tan esencial restándole miles de profesores ni subiéndoles el horario lectivo, medida que es no solo innecesaria, sino que es también perjudicial. Cualquiera que conozca un poco la educación sabe que las 18 horas lectivas son una cantidad equilibrada y razonable, consagrada por la experiencia, el uso de los países de nuestro entorno y las recomendaciones de la UNESCO; cualquiera que conozca un poco la educación sabe que el incremento de dos horas lectivas es lo suficientemente elevado como para no hacerlo porque sí o por falsas motivaciones económicas. Utilizar esto como argumento "educativo" ha sido un alarde de demagogia, y lo de inducir a pensar que los profesores trabajamos eso y no las 37 horas y media que marca la ley, por mucho que luego Aguirre se disculpara, ha sido un ataque muy grave al profesorado, porque ha representado azuzar gratuitamente en contra nuestra a los peores sectores de la opinión pública, y no es eso precisamente lo que necesitamos. Entonces, dado que el argumento económico es falso, hay que volver hacia atrás: ¿por qué el gobierno madrileño ha incendiado la enseñanza pública? Está muy claro: por razones políticas, lo cual nos lleva a una nueva incongruencia de Esperanza Aguirre: ¿cómo puede quejarse de que el conflicto sea político si ella misma lo ha prendido por razones políticas? La instrucciones del 4 de julio tenían el claro objetivo político de asestar un golpe más a la enseñanza pública madrileña, objetivo que se enmarca en la amplia y largamente ejercida política de escandaloso favorecimiento de la enseñanza privada que lleva a cabo la presidenta de la comunidad. Lo que Esperanza Aguirre quiere es que la enseñanza privada sea hegemónica en la comunidad de Madrid y para ello no vacila en perjudicar a la enseñanza pública, a la que pretende convertir en un sector marginal y asistencial. En los numerosos enlaces que he incluido en este artículo, hay muchos que inciden en este punto, así que ahora me bastará con apuntar algunas ideas generales, como el privilegio económico no solo para la privada-concertada, sino también para la privada-privada, el favorecimiento a la concertada en la admisión de alumnos y, últimamente cada vez más, también a la hora de conceder aperturas de centros, especialmente, en los barrios de nueva creación. En determinadas zonas de Madrid, el abandono de los centros públicos ha llevado a crearles mala fama y a que todo aquel que pudiera pagarse un concertado (porque los concertados se pagan, aunque, legalmente, al estar sostenidos con fondos públicos, no debiera permitírseles ninguno de los subterfugios que utilizan para sacar dinero a las familias) acabase inscribiendo a sus hijos en uno; este hecho y el ya mencionado favorecimiento en la selección de los alumnos ha acarreado además que los potencialmente conflictivos o con más problemas de escolarización vayan en su práctica totalidad a la pública. Sucede así, además, para vergüenza y escarnio, que cunde la bobada de que los centros privados son mejores y más rentables que los públicos, sin tener en cuenta el acertado símil que me ponía hace unos días un amigo: imaginen un hospital que atiende a toda la población y otro que solo admite pacientes de entre 20 y 35 años: ¿cuál tendría mejores resultados? Considérenlo ustedes y saquen sus conclusiones; yo por mi parte diré que llevo 28 años en esa pública que atiende a todos y estoy orgullosísimo de pertenecer a una red que es la garante del sagrado derecho a la educación para todos, esas grandes palabras con que se les suele hinchar la boca a algunos que luego, a escondidas, las vomitan. Y en cuanto a esa red de "mejores resultados", me temo que iba a estallar por muchos puntos si compitiese en igualdad de condiciones y le hicieran cumplir con la parte difícil de la tarea que debería tocarle pero que, ¡oh, misterio!, nunca le toca. ¡Ah!, por cierto, que no se confundan con nuestros alumnos, que no son peores que nadie y aún diré que los muchos bien o muy bien cualificados que vienen a nuestros institutos en su día podrán llegar tan lejos como el más preparado del centro educativo más caro, si nadie les pone zancadillas clasistas. En los centros públicos podemos dar y damos una enseñanza tan buena como en cualquier otro.
Así que hay que decirlo bien alto: efectivamente, el conflicto es político. Los profesores de la pública nos estamos movilizando porque, después de décadas de forrarse determinados sectores y de ver nuestros salarios congelados, ya estamos hartos de que políticos ineptos sigan cargando la crisis sobre nuestras espaldas mientras a los que la causaron no parece irles mal. Los profesores de la pública nos estamos movilizando contra una política que discrimina y quiere ahogar a nuestros centros. Que consiga esto último ya es otro cantar, porque ahí estamos nosotros y un amplio colectivo de padres e incluso alumnos que son y se sienten ciudadanos tan dignos como los demás y no están dispuestos a que nadie les rebaje sus derechos. Otros que también se han metido en el conflicto por política, vaya por Dios. Aunque a alguien le moleste, los ciudadanos tenemos derecho a hacer política, porque la política influye mucho en nuestras vidas. Lo que sorprende es la manera de hacer política de algunos dirigentes: cuando deberían resolver problemas, se empeñan en crearlos; cuando deberían llevar a cabo actuaciones en favor de toda la sociedad, se empeñan en guiarse por designios miserablemente sectarios. Supongo que algún día cambiará la idea que los políticos españoles tienen de su importantísima misión, pero, mientras esto llega o no llega, lanzo una advertencia para quienes estamos metidos en el actual conflicto de la enseñanza madrileña: precisamente hablando de los políticos, debemos mantenernos firmes y hacer lo posible por ganar esta contienda, pues no nos jugamos solo el rechazar las agresiones a las que el PP nos está sometiendo hoy, sino también lo que nos pueda suceder mañana. Lo que está ocurriendo en la actualidad en Madrid está siendo seguido de forma muy atenta por todos los partidos. Dada la débil condición humana, si estos perciben que lo que quiere hacer Aguirre sale gratis o barato, por mucho que ahora se les llene la boca diciendo que nos apoyan, cuando un día se vean en ocasión similar, seguirán su ejemplo sin despeinarse ni pensar un segundo en justicias, daños, ni nada que se le parezca. Hoy es el PP de Madrid, pero mañana puede ser el de cualquier otra comunidad, o el PSOE, o no digamos los nacionalistas. Por lo pronto, aquí en Madrid yo ya he captado a dos políticos que han dicho que ellos no ven mal lo de las 20 horas: Eusebio González (PSOE) y Rosa Díez (UPyD), aunque confusamente envuelto en proclamas que parecían apoyarnos. Y es que los políticos son así, por eso les molesta que los ciudadanos hagan huelgas políticas.
NOTAS Y ENLACES
1.- Que la infiltración en la enseñanza pública ignora ya límites tan delicados como el de suplantar en las clases a profesores titulados por advenedizos pertenecientes a entidades privadas lo demuestra la inquietante presencia de la fundación
Empieza por educar antes y
después del comienzo del curso 2011 - 2012.
2.- Instrucciones para la regulación de centros del 29 de junio de 1994:
3.- Para impugnar los horarios y jurisprudencia al respecto.
4.- La consejera de educación en Intereconomía:
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