Castells, las becas y la evaluación

   Ahora que Alejandro Tiana cabalga de nuevo y, después de que hace unos años nos asestase la LOE, el PSOE lo ha rescatado para ponerlo al frente de la LOMLOE con el fin de que nos garantice nuevos estragos educativos, el ministro de Universidades, Manuel Castells, se pronuncia en unas declaraciones hechas al diario Público que dejan algunos motivos de inquietud. No acabo de ver claro al ministro Castells: aterrizó como una eminencia, pero me llama la atención que todos los currículos resalten que es el autor más citado en no sé qué ámbitos, como si el que te citen mucho sea garantía de algo; empezó su mandato con una espantada que dio mucho que hablar y ha estado desaparecido a lo largo de toda la pandemia, pero se permite el lujo de iniciar esta entrevista dando a entender que ha estado ahí en primera línea todo el tiempo, y, por último, se marcó una ronda de consultas con el pomposo nombre de El ministro escucha, de la que excluyó a los estudiantes antiseparatistas, cosa muy sospechosa en un declarado independentista como él, otra de sus virtudes. 

    En las declaraciones que enlazo, los asuntos por los que me alarma lo que dice son dos: los exámenes y las becas. Con respecto a los primeros, demuestra una frívola despreocupación hacia el temor tan justificado como extendido en estos días de que muchos alumnos copien en sus pruebas de evaluación. Empieza por advertir que habla como profesor y no como ministro y luego declara que eso de que un alumno copie no tiene importancia, que los temores son cosas de una pedagogía anticuada y que, si se copia bien y demostrando que se entiende, es todo un mérito. ¡Olé su excelencia el señor ministro! Habría que responderle que, como profesor, puede hasta cierto punto sostener los disparates evaluativos que le dé la gana, pero, como ministro -y ahora se le entrevista, nos importa y debe hablar como ministro, y no como profe guay y enrollao-, tiene un inexcusable deber de responsabilidad que le obligaba sin licencia ninguna a condenar tajantemente el hecho de copiar, porque copiar es hacer trampas para demostrar unos conocimientos y cualificación de que se carece, y no quiero pensar que un eminente sociólogo temporalmente descendido a ministro vería bien que en España se concediesen los títulos universitarios sin demostrar la debida cualificación. 

     Con respecto a las becas, dice: "Nuestra política, que está en blanco sobre negro (sic), consiste en ampliar el número de becados, eliminando el criterio del mérito académico en favor de la necesidad económica y afirmando la beca como un derecho subjetivo para que toda persona pueda ir a la universidad". Y, después de una serie de consideraciones muy innovadoras entre las que anuncia medidas correctoras relativas a la desigualdad de género (este señor se trae el catecismo muy bien aprendido, porque es insostenible afirmar que en la enseñanza española de 2020 haya discriminaciones de género), añade: "El control de los precios públicos es para todo el mundo porque consideramos la universidad pública un servicio público que ya está pagado por los impuestos de los ciudadanos, como la sanidad pública". 

     Empezaré por esto último. Estoy muy de acuerdo con Castells en su razonamiento sobre la igualdad de precios para todo el mundo, pero creo que debería tener cuidado al equiparar sanidad pública y educación pública, porque no son servicios de igual naturaleza. Ante la sanidad, el ciudadano acude como paciente y no está obligado a demostrar nada, mientras que, ante el sistema educativo, el alumno puede exigirle a ese sistema unas prestaciones adecuadas, pero el sistema a su vez puede y debe exigirle a él una demostración de su nivel de aprovechamiento. Esto es particularmente delicado en el ámbito de las enseñanzas no obligatorias y en el asunto de las becas, porque en estos terrenos el dinero público debe ser bien utilizado y se debe invertir para el buen fin de formar estudiantes que culminen sus estudios con éxito, y no para financiar la vagancia y/o la incompetencia. Puede sonar duro, pero eso que dice Castells de que las becas son un derecho subjetivo del becado no es cierto, porque son también un derecho colectivo de la sociedad que las concede como parte de un dinero que podría invertirse en otros becados o en otros fines, de manera que quien recibe una beca está obligado a responder con unos buenos resultados o a perderla, pues sería una injusticia y un despilfarro seguir concediéndosela. Cuando Castells afirma que dará las becas por razones económicas y eliminando el criterio de mérito, está pervirtiendo el concepto de beca (=ayuda al talento que no puede florecer por cuestión de dinero) y convirtiéndolas en una caridad que puede tener consecuencias tan indeseables como el fomento de la vagancia o la creación de una universidad mediocre, pues contribuye a masificarla, es decir, hacerla peor, pagándosela a alumnos entre los que quizás algunos,  por su falta de esfuerzo o capacidad, no deberían estar en ella. Esto es hipocresía en lo social y mala gestión del dinero público en lo económico.

     En un artículo de hace un par de semanas, señalé que una de las cosas que ha demostrado la pandemia es que la enseñanza presencial es insustituible, y la razón principal es la evaluación: un sistema razonable y honesto tiene que volcarse en una evaluación rigurosa y fiable de los conocimientos adquiridos y la solvencia del alumno, y una evaluación así, hoy por hoy, solo la garantiza plenamente un sistema presencial, sin perjuicio de que haya algún tipo de prueba que pueda hacerse de forma no presencial. El gran problema de la izquierda en sus propuestas educativas  es que menosprecia la evaluación. Lo hemos visto durante la pandemia, pues se ha alineado con todas las ocurrencias que despreciaban la correcta evaluación, particularmente, con esa campaña a favor del aprobado general; lo llevamos viendo durante décadas desde la LOGSE, con unas leyes empeñadas en vaciar de contenidos las enseñanzas y regalar los aprobados; lo vemos hoy no solo en las propuestas paternalistas del ministro Castells (que pertenece a la cuota podemita), sino también en el tono general de la entrevista, publicada en un medio señaladamente de izquierdas, pues quien hace las preguntas parece obsesionado con todo aquello que signifique dar ayudas y facilidades. La izquierda ha confundido la justicia social en la enseñanza con su empobrecimiento. El desprestigio e intento de destierro del esfuerzo y la exigencia en nuestro sistema educativo le han hecho un daño enorme a este, a muchos de los alumnos que han pasado por él y a la sociedad. Y esto es responsabilidad de la izquierda, que fue quien implantó este guion y lo sigue defendiendo a capa y espada, como podemos ver, pero no puedo dejar de señalar que la derecha, cuando alcanza el poder, da más muestras de aceptarlo que de rechazarlo.