Desmantelar la imposición totalitaria de las lenguas cooficiales

   Leo una noticia en la que se cuenta que la Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado una denuncia de Vox en la que este partido acusaba de prevaricación al director general de Política Educativa de aquella comunidad por obligar a que la lengua catalano/valenciana (el afán de división de algunos lleva a que no se aclaren ni con su propia lengua) fuese la única que se usara en la etapa de Educación Infantil en los centros públicos. La razón esgrimida por la Audiencia es que el miserable (este adjetivo lo pongo yo) 25% para la lengua española a que obligan las leyes vigentes en Valencia solo es válido a partir de los niveles obligatorios de escolarización, entre los que no se encuentra la Educación Infantil. En el auto se remacha esto señalando que la normativa que regula el plurilingüismo en aquella región "deja margen de maniobra al ejecutivo para priorizar desde muy escasa edad una inmersión más radical mediante la retirada de la lengua castellana en la educación infantil". Si así se expresa un documento judicial, es que en Valencia no existe el derecho a que a un niño de menos de seis años el sector educativo público le facilite la enseñanza en español. Teniendo en cuenta que Valencia es España, esto me parece gravísimo, pero, como todos sabéis, no es ni mucho menos la única ni la más grave de las manifestaciones de la operación de acoso y derribo de que está siendo víctima la lengua española en las regiones "con lengua propia", porque casos hay para aburrir en Cataluña, Baleares, Valencia, País Vasco o Galicia, pero el expansionismo agresivo del separatismo ha sembrado ya el conflicto en Navarra, por no hablar de que ciertos incomprensibles contagios están poniendo en pie una absurda reivindicación lingüística en sitios como Aragón o Asturias. 

   Los nacionalistas, que desde 1978 han dado muestras de no respetar el pacto constitucional y que de toda la vida las han dado de un odio enfermizo hacia la lengua española, no han parado ni un solo día de hostigarla, y la razón creo que hoy está más clara que nunca: como jamás han renunciado a su objetivo final de la independencia, en la estrategia de paso a paso que les facilita el estado autonómico, han aprovechado su poder político regional para imponer su lengua propia por lo civil o por lo criminal e ir paulatinamente asfixiando a la española, que es la de toda la nación, la oficial para decenas de países y la materna para 442 millones de hablantes en todo el mundo (siempre he pensado que hay un serio componente de envidia en la saña de los separatistas contra la lengua española).

   A nadie se le escapa que en el momento actual España afronta un serio desafío procedente de sectores nacionalistas que pretenden o bien romperla o bien convertirla en un deforme engendro con regiones privilegiadas -las guay, esas que tienen derechos históricos o no sé qué- y regiones abandonadas -las que carecen de tan sacrosanto pedigrí-. Esta cuestión se ha envenenado de tal modo que urge una reconducción de la política nacional. Algunos (entre los que se cuentan ingenuos, cantamañanas y sinvergüenzas) abogan desde hace tiempo por esa reconducción abordándola en el sentido de una reforma constitucional que dé más a los que, aun estando ahítos, siguen exigiendo más y más, pero, si se analiza con frialdad la trayectoria histórica del asunto, se valora con seriedad quiénes han estado permanentemente instalados en el desafuero y se mira lo que dice la Constitución, lo que resplandece como razonable es lo contrario: una obediencia a los términos que la ley de leyes marca y una poda de los sinsentidos que los partidarios del privilegio y la confusión llevan años inoculando en nuestra política bajo la apariencia de irrenunciables derechos conculcados. Y no es un dato irrelevante el que esto lo hayan hecho con permanente cara de ofensa, o proponiendo abusivos y delirantes estados libres asociados, o dando golpes de Estado secesionistas, o pegando tiros en la nuca y poniendo bombas.
   Porque, frente a esta bacanal de caminos que llevan a ninguna parte o a la catástrofe, lo que la Constitución proponía (y sigue proponiendo, aunque la demagogia lo haya sepultado en la inoperancia) y hubiera funcionado muy bien si no lo hubiesen pisoteado algunos de los peores canallas de la política postfranquista era una vía de concordia muy razonable y asumible para todo aquel que no fuera un maximalista irreductible. En lo referido a las lenguas, asunto de esta entrada, está bien clarito en su artículo 3, que dice:
   1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 
   2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
   3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
   Sería una tarea a la vez titánica y penosa el describir la trayectoria de chalaneos, corrupción, chantajes, (con)cesiones humillantes, mentiras, cobardía, abusos y traición que nos han traído desde la clara, justa y sencilla fórmula que se estableció en 1978 hasta el babilónico bandidaje de hoy, pero lo que está claro es esto: hay que demoler el insostenible caos actual, que sin duda va a llevarnos al desastre, y reformular la relación entre las lenguas de España bajo el criterio que marca el artículo 3 de la Constitución, que solo es discutible si prescindimos de la racionalidad: hay una lengua general y de todos, que es la española, y esa tiene como ámbito de uso toda España y con plenos derechos; hay tres lenguas reconocidas como tales y que tienen derechos de cooficialidad en las comunidades en que se hablan: la catalano/valenciana (para Cataluña, Valencia y Baleares), la vasca (para la comunidad vasca, compuesta, como todo el mundo sabe, de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya) y la gallega. Todo lo que se salga de este campo, en materia lingüística, deberá corregirse o suprimirse.
   ¿Cómo se traduce esto en el ámbito educativo? Con una fórmula tan sencilla que sorprende que, desde hace décadas, los gobiernos centrales hayan permitido que algunos autonómicos, abusando de sus competencias, no la hayan aplicado: el español como lengua vehicular en todas las comunidades, salvo en la balear, la catalana, la gallega, la valenciana y la vasca (¡ni una excepción más!), en las que tendría que ser obligatorio el establecimiento de una red bilingüe con estas dos ramas: una con el castellano como lengua vehicular y otra en la que la lengua vehicular fuera la cooficial de la correspondiente autonomía. Y nada más; desde el punto de vista organizativo, es perfectamente viable y además garantizaría un derecho muy sensible al que no podemos renunciar: el de todos los españoles a ser educados en la lengua oficial que nuestras leyes amparen. Cualquier otra recetita, particularmente, esa aberración de las inmersiones lingüísticas, no sería más que un instrumento para marginar, segregar e imponer abyectos programas supremacistas inscritos en inadmisibles planes de independencia a largo plazo. Esto creo que ha sido sobradamente demostrado por los hechos, pero, si  hay alguien que quiera discutirlo, la opción para dejar comentarios está abierta.