La justicia también canta (2)

EL GUARDIA CIVIL MALTRATADO
   Llevaba algunos días queriendo hablaros del guardia civil J. C. A., que ha sido condenado a tres meses de prisión por un trivial incidente con un cabo. Según leí en la edición en papel de "El País", el propio tribunal que le juzgó reconoció el exceso de la sentencia, pero la dictó a pesar incluso de que los elementos en contra del condenado no eran sólidos al cien por cien, de que este tiene una impecable ejecutoria y de que contó con el testimonio favorable de un capitán. Podéis obtener más información aquí y también os dejo este enlace con la postrura de la A.U.G.C.  Parece -repito- que este guardia es un profesional excelente; parece -según fuentes- que su adversario volcaba sobre él su aversión de forma muy poco sostenible; parece que el castigo es muy desproporcionado a sus faltas aunque fueran ciertas; parece incluso dudoso que lo fueran... Lo que queráis, pero lo han empapelado: ¿qué parece a la vista de esto la justicia española? No seré yo quien lo diga, que soy un tipo prudente.
A IGUAL TRABAJO, IGUAL SALARIO

   Pretendía con la historia de J. C. A. entrar de nuevo en el tema de los patinazos de la justicia en España, pero resulta que ayer -23 de abril de 2013- me surge uno más -aunque de consecuencias no tan graves-, que os puedo contar con conocimiento de causa porque me afecta a mí mismo, lo haré yendo a los datos esenciales y omitiendo los enojosos detalles y enlaces en que suelo enredarme: créame quien quiera.

   Cuando se implantó la LOGSE, hace ya unos veinte años, el primer ciclo de la ESO (los cursos 1º y 2º), coincidía con los dos últimos cursos de la EGB en vías de extinción (7º y 8º), por lo que, de manera muy legítima, se abrió para los profesores que habían ejercido en la última etapa de EGB la salida de optar entre quedarse en la nueva primaria o pasar a los institutos para dar clase en el primer ciclo, para el cual, si habían estado capacitados antes en su equivalente, debían también estarlo en el nuevo sistema. Años después, por presiones sindicales, se sacó una curiosa norma que concedía a estos profesores un suplemento salarial fundamentado en el hecho de que impartían clases a grupos de "especial dificultad". Se dio entonces una paradoja: que a profesores que daban solo clases de 1º y 2º de ESO, se les remuneraba la "especial dificultad", mientras que, a los que en virtud de nuestras titulaciones superiores ganadas con más esfuerzo, dábamos clase a esos cursos y además al segundo ciclo (es decir, 3º y 4º) y el bachillerato, no se nos valoraba nada. Os lo explico con un ejemplo: hubo un año en el que mis compañeros procedentes de primaria que daban solo 1º y 2º de ESO cobraban ese plus por "especial dificultad", mientras que yo, que estaba con cursos de 2º de ESO y también con otros de 2º de bachillerato (para los que ellos, por razones de habilitación y titulación, no estaban capacitados), no recibía compensación alguna, tal vez por ser el bachillerato de "especial facilidad", no sé. Ante tan flagrante discriminación, fruto de enjuagues entre los sindicatos y los "responsables" que la política ponía al frente de nuestra Administración, hubo múltiples quejas y reclamaciones ante los tribunales. La última que conozco la puso el sindicato ANPE aquí en Madrid y lo hizo gracias a que yo mismo les avisé de que en Asturias había habido una sentencia que daba opciones de triunfo. A partir de 2011, ANPE canalizó esta reclamación para muchos denunciantes, cuyas demandas fueron a parar a diferentes juzgados. Pues bien, ayer me puse en contacto con ANPE y me dijeron que ya esas reclamaciones se están rechazando en virtud de una sentencia del TSJM que no las reconocía, pero, ¿sabéis una cosa? Que entre aquellos cuyas reclamaciones fueron atendidas antes de esa sentencia, hubo algunos a quienes se les dio la razón: resultado: que, ante una misma injusticia, a algunos se les ha dado resarcimiento, mientras que a otros se nos ha dado... terminad vosotros la frase. En mi caso, además, tiene particular guasa, porque se deja fuera al que puso en marcha el proceso. Justicia a la española: unos sí y otros no: ¿dónde está la famosa igualdad de los españoles ante la ley? Enterrada en un foso de mierda, y perdonad este vocabulario inusual en mi blog, pero es que estoy algo más que indignado.
LA MAYOR AMENAZA CONTRA LA DEMOCRACIA
   Dado que en España los abusos van más deprisa que los días, hoy 24 de abril, me encuentro con algunos más. Como de todos es sabido, nuestra situación actual tiene descontentos a millones de ciudadanos, por razones que creo ocioso enumerar. Por ello, para el próximo 25 de abril (es decir para mañana), está convocada una protesta consistente en rodear el Congreso, la cual podrá gustarnos o no, pero me parece más que legitimada por derechos como el de manifestación o expresión, por no hablar de que, en los tiempos que corren, es una irreprochable forma de hacer política el ir a las inmediaciones del Congreso a gritar NO al actual despropósito de corrupción, ineptitud, abuso, ataques a los derechos fundamentales, expolio, connivencia entre los partidos y la banca y desprecio a la ciudadanía. Pues bien, desde los medios gubernamentales, se está criminalizando insistentemente a esta iniciativa, con propósitos que van desde el deslegitimarla al mero ilegalizarla, como podéis ver aquí o aquí. ¿Dónde están los derechos civiles?  ¿Dónde está la presunción de inocencia? Estas cosas parecen no ser muy del agrado del PP.
ESTE CIUDADANO, SIN EMBARGO, PARECE GOZAR DE LEGALIDAD
   En cambio, don Francisco Javier de Águeda está dentro de la legalidad. Este señor fue director general de carreteras de la Comunidad de Madrid entre 1995 y 2004, con Ruiz Gallardón como presidente. En 1995, creó Tairona, una empresa de consultoría para concesiones; a partir de 2005, su consultoría apoyó a muchas constructoras de carreteras, algunas de las cuales lograron concesiones públicas. Otro del PP que práctica lo de la puerta giratoria, vamos. Es además el impulsor del peaje en la sombra, un sistema de pago de la construcción de carreteras muy ventajoso para las empresas, pero muy poco para las administraciones públicas. Todo legal, puro Estado de Derecho. Ah, por cierto, este señor está en las listas de Falciani.

   Basta por hoy, dejo a vuestra consideración esta aleatoria muestra de que la justicia también pone su granito de arena en el muy razonable cabreo de los españoles de hoy. ¿Democracia? ¿Estado de Derecho? ¡Ja, ja, ja, ja, ja!