Contra la corrupción y la crisis, cambios profundos

INTRODUCCIÓN 

   Este artículo es una modificación de su primera redacción, realizada el 16 de abril de 2013. En aquella versión, enlazaba mi documento titulado Contra la corrupción y la crisis, cambios profundos con la publicación que de él había hecho el Aula Europea de Humanidades, ya que sus 17 páginas lo hacían muy largo para un blog. Al haber desaparecido de este portal, lo he traído a la garita. Podéis leerlo a continuación de esta introducción.

  Este documento es una enumeración de las cosas que creo que se deberían hacer o se deberían cambiar en diversos campos de la economía y de la política para salir de la complicadísima situación que atravesamos. No es un documento sistematizado, por lo que se podrán echar en falta muchas cosas y, desde luego, no se profundiza demasiado, pues es únicamente una invitación al diálogo que pretende señalar cuáles serían algunas de esas cosas que habría que hacer o cambiar. Y es así porque este documento lo elaboré como el punto de partida de un debate. Hace unos meses, se me ocurrió pulsar entre unas decenas de amigos y familiares la posibilidad de lanzarnos a formar un partido político, pero, como no soy partidario de hacer las cosas de la nada (habilidad, por otra parte, al alcance solo de Dios), presenté mi llamada adelantando un embrión, un perfil de las líneas que yo creía que debía seguir ese partido, en caso de que al final unos pocos nos hubiésemos decidido a seguir adelante y emprender la tremenda, hermosa y romántica tarea de poner en pie entre todos un nuevo partido. Tranquilos: apenas quince personas se molestaron en responderme, y todas para decirme que no, así que ese partido no llegará a fatigar al mundo.
   Esta chaladura mía nació de la inquietud de pensar que, cuando llegue 2015, inevitablemente va a haber elecciones, inevitablemente van a ganarlas algunos o alguno e inevitablemente quien las gane gobernará. Y si quienes ganen y gobiernen resultan ser del mismo perfil que los partidos del status actual; si los hilos los siguen manejando PP, PSOE, CiU, PNV, IU (sus contradicciones federalistas siguen siendo un gran lastre) o UPyD (cuidado con el currículum oculto de este partido y su sentido de lo público); si los mueven, en especial, los siempre bien colocados cuatro primeros, ya podemos decir que nos hemos caído con todo el equipo y que el régimen de la Constitución de 1978 quedará quién sabe si para siempre convertido en la caricatura de democracia de los últimos, al menos, 20 años. Y yo tiemblo de ver cada día más recuperado al PP, que ya está dando síntomas de querer resucitar el ladrillazo. El PSOE anda aún tambaleándose, y ya prefiero  ni hablar del PNV y CiU, que están o se muestran cada vez más convencidos de que lo de la independencia es cuestión de (poco) tiempo. No se puede decir que nada del desastre haya cambiado sustancialmente. Y 2015 no está tan lejos. Ojo, que nos va a pillar votando más de lo mismo, porque no se ven síntomas de propuestas políticas nuevas, sólidas y convincentes. ¿O hay alguna y yo la desconozco?

Contra la corrupción y la crisis, cambios profundos

I. Lo que cualquiera puede ver en la España de 2013

         Empiezo a escribir este artículo el 7 de marzo de 2013. En este día, España lleva ya no menos de tres años metida en una profunda crisis que alcanza a todas las facetas de la vida del país, y se da además la casualidad de que los medios de comunicación se hacen hoy eco de unas encuestas según las cuales los dos problemas que más preocupan a los ciudadanos son el paro y la corrupción. Quienes andamos por el medio siglo sabemos muy bien que el paro es en nuestro país como las lluvias torrenciales: por temporadas nos abandona y por temporadas nos arrasa, pero, en esta ocasión, el turbión afecta a más de seis millones de personas, es, cualitativa y cuantitativamente, el más grave que jamás hayamos padecido y la honda inquietud que está provocando no procede solo de su cariz actual, sino también de las tenebrosas perspectivas que proyecta hacia el futuro. En lo tocante a la corrupción, esos mismos cincuentones, gran parte de los cuales éramos en la época de la Transición unos jovenzuelos llenos de ideales e ilusiones, hace ya muchos años, con asuntos como los casos Puerta, Roldán, Naseiro o Funeraria, comenzamos a descubrir que la implantación de un régimen democrático no implicaba necesariamente la desaparición de esa lacra, lo cual contribuyó no poco a desinflar nuestros ideales y vaporizar nuestras ilusiones, aunque a cambio nos fue haciendo menos ingenuos y más realistas, cosa que tampoco viene mal. Todavía más: poco imaginábamos quienes en 1978 votábamos radiantes la Constitución que esta plaga de la corrupción empezaría muy pronto a crecer y crecer, ni menos aún que, con el paso del tiempo, lo haría hasta el punto que ha alcanzado hoy, 7 de marzo de 2013, día en que los medios la señalan como la segunda preocupación de la ciudadanía. A cualquiera que viviera las alegres esperanzas de aquellos días y contemple ahora a lo que hemos llegado, solo se le pueden venir a la cabeza palabras como desastre, expolio, desencanto o estafa, y todo gracias especialmente a la corrupción, que además constituye en la actualidad una de las mayores amenazas para el sistema democrático en sí, por motivos diversos:

         -El exceso de casos registrados representa que nuestro marco político es inservible, ya que carece de mecanismos para impedir los abusos de los poderosos o incluso los fomenta.

         -Su persistencia indica que el sistema legal, igualmente, no está capacitado para combatir, perseguir, castigar y cortar unas prácticas que no solo son delictivas, sino que ponen en duda principios tan importantes como el de la igualdad de los ciudadanos ante la ley o el de que esta impere realmente en España.

         -Pone bajo sospecha a la clase política en su conjunto, lo que hace que cada vez sea menor la credibilidad de los gobernantes y, por expansión, del sistema. Cada vez está más extendida la idea de que los políticos son deshonestos, solo piensan en el beneficio personal, gobiernan de espaldas al bien común y gozan de absoluta impunidad.

         -Se percibe como uno de los principales motivos de la actual crisis, por la connivencia entre los poderes políticos y los económicos para lucrarse de forma irregular, con el añadido de que las grandes pérdidas que han originado los negocios ilícitos y las operaciones ruinosas se están tratando de enjugar sometiendo a grandes sacrificios y privación de derechos a una ciudadanía que no es responsable de las faltas y errores cometidos.

         Si en la política nos golpean males como la corrupción, la confusión y la falta de credibilidad en partidos, personas e instituciones, en el terreno económico, la situación que atravesamos es igualmente grave, con una profunda crisis que no puede desligarse de la política. Sin entrar en demasiados detalles, España tiene acumulada una gran deuda externa y un enorme déficit y a diario recibimos noticias inquietantes en torno a amenazas diversas de los mercados. Hemos sido objeto de un rescate bancario por valor de 100.000 millones de euros, y se calcula que, en términos globales, la banca española lleva inyectados más de 150.000 millones de euros en ayudas, cuyo pago, nuevamente, deberá salir de sacrificios impuestos a la ciudadanía. El paro alcanza a seis millones de trabajadores y los salarios menguan constantemente. Se recortan sueldos a los funcionarios, se congelan pensiones y se ha puesto en marcha una reforma laboral que abarata y facilita el despido, produce empleos de condiciones miserables y, al menos hasta la fecha, en lugar de detener el paro, lo está aumentando. Se ha elevado considerablemente el IVA, se crean nuevas tasas a diario y seguimos siendo un país donde el mayor aporte fiscal procede de los asalariados, que son también los sometidos a condiciones más exigentes. Al lado de esto, la economía sumergida es de 260.000 millones de euros y el fraude fiscal anual es de 30.000 millones. Aparte de lo dicho, preocupan de manera acuciante otros problemas, como el general empobrecimiento, los desahucios, la incertidumbre laboral, el todavía elevado precio de la vivienda, la falta de perspectivas económicas y de futuro (especialmente, para los jóvenes) o la emigración (desde 2011 han emigrado más de 117.000 españoles), que se ceba nuevamente en los jóvenes. Realidades como esta última o la situación del paro (con más de seis millones de parados, un 26% de tasa global de desempleo y un 50% o quizás más  entre los jóvenes) hacen que el momento actual se parezca a épocas de subdesarrollo o de gran depresión.

         En el capítulo de los derechos e igualdad, existen también importantes problemas. Son conocidos los recortes en la dependencia, y también en la sanidad y la educación públicas, tanto en medios como en personal, así como las políticas de privatización directa de estos sectores o de favorecimiento de sus competidores del área privada, como puede verse muy bien en comunidades como Madrid, Valencia o Cataluña. Multitud de noticias e informaciones dan cuenta de los privilegios de los políticos en materia de cotización y jubilación, en una época en que se están retrasando las edades de jubilación para la totalidad de los ciudadanos y como tributo a unas exigencias de los sectores europeos más ferozmente liberales, exigencias que aplicaron a todos menos a sí mismos y de manera fulgurante y servil unos dirigentes que habían tenido mucha responsabilidad en el surgimiento y expansión de la crisis. También es destacable el desigual trato que reciben por parte de la justicia las personas relacionadas con los ámbitos del poder, ya sea bajo la forma de dilaciones que evitan sus condenas o mediante indultos. A propósito de estos, es destacable la desmesurada cifra de los que se han concedido en el periodo democrático (aproximadamente 17.000), así como la frecuencia con la que en los medios de comunicación aparecen noticias que informan sobre arbitrariedades, discriminaciones e injusticias, mientras se reducen los medios para la administración de justicia. La sensación de indefinición jurídica se agrava con la multiplicidad y frecuentes desigualdades que genera el régimen autonómico, régimen que produce incluso discriminaciones y diferencias de trato entre territorios, que afectan a campos como el régimen fiscal (cupo navarro y conciertos vascos), ley electoral o prestación de servicios (sanidad, pago de peajes, dependencia…). El Estado de las Autonomías, mirando objetivamente los datos que ofrece la realidad, ha sido también el caldo de cultivo de gran parte de la corrupción reinante y de las inversiones desorbitadas y políticas irresponsables que están en la base de la actual crisis (cajas, aeropuertos sin tráfico, AVE no rentable, universidades autonómicas con escasa matriculación…), hasta el punto de que son cada vez más quienes se cuestionan su conveniencia e incluso su viabilidad.

         Todo lo dicho hasta aquí, sin ser exhaustivo, es un buen reflejo de la inquietante situación que atraviesa hoy España y de las intolerables actitudes que están adoptando los partidos políticos y los dirigentes, que pasan por posturas tales como minimizar la corrupción o pretender que esta crisis se afronte a base de sacrificios de la ciudadanía y hasta que dure, pero con una asunción de responsabilidades por lo que a ellos les toca reducida a unos mínimos puramente cosméticos y sin modificar un milímetro las actuales estructuras políticas, lo que, de consumarse, representaría que, una vez superada la actual etapa adversa, seguirían gobernando los mismos que han provocado el desastre y se han corrompido, y además, del mismo modo y con las mismas reglas políticas y el mismo marco económico que han servido para que sus beneficiarios se enriquecieran y se adueñaran del poder hasta el punto de manejarlo a su antojo y haber adulterado gravemente la democracia, mientras que para la mayoría han traído consecuencias como el empobrecimiento o la ruina, el desempleo, la pérdida de derechos y la incertidumbre.      

         Aceptar esto conllevaría un grave peligro para la ciudadanía, primero, porque significaría que, en cuanto la situación se normalizase, volverían a instalarse la corrupción, el abuso y el cada vez más creciente autoritarismo, ejercido por los mismos grupos dominantes y con el mismo único propósito de obtener el beneficio propio a toda costa y saltándose todas las barreras, como se ha estado haciendo impune y alegremente hasta ahora y durante muchos años; segundo, porque las cosas incluso empeorarían, ya que, según lo que estamos viendo en el momento actual, las fuerzas conservadoras están instalando un marco de reducción de los derechos democráticos, autoritarismo en el ejercicio del poder, destrucción del estado de bienestar, eliminación de los instrumentos de defensa de la ciudadanía frente a las extralimitaciones y construcción de unos cauces laborales abusivos destinados a crear un empleo precario y mal pagado, todo ello, nuevamente en busca del beneficio de los grandes inversores y de los “bien colocados” de la actual situación. Lo que esto representaría para un gran número de ciudadanos es un futuro en el que no habría garantías ni respaldos ante el dominio de los poderes económicos o políticos. Conceptos como seguridad, amparo legal, prosperidad o planes de futuro  estarían llamados a la extinción, bajo la permanente amenaza del despido caprichoso, del sueldo miserable y de la permanente incertidumbre, y con la concurrencia de la sistemática persecución a los derechos a que estamos asistiendo; este panorama no es una exageración apocalíptica y, de hecho, muchos ya lo están sufriendo, especialmente, entre los jóvenes, porque cada vez parece más claro que las políticas conservadoras no persiguen solamente el enriquecimiento, sino que, de forma deliberada y nada casual –a la vista de sus leyes y de sus prácticas-, pretenden que la ciudadanía y las clases trabajadoras estén cada vez más desprotegidas y atemorizadas y sean cada vez más dependientes, lo que las haría más dóciles, pasivas, manejables y disponibles, es decir, menos libres.

         En conclusión, como señalaba en las primeras líneas, en España, a 7 de marzo de 2013, nos encontramos en una delicada situación, con dos tremendas amenazas: una feroz crisis económica y una no menos feroz crisis política, la cual hace que cada vez seamos más los que pensamos que nuestro país es una pseudodemocracia o lleva –a paso de buen andarín- camino de serlo, pues no puede considerarse democrático un país donde la crisis económica la generan unos y la pagan otros (mientras que los que la generaron siguen mandando y hasta reciben ayudas económicas que convierten en ganancias), existen todo tipo de desequilibrios y desigualdades, los corruptos no son juzgados, la justicia es lenta, se recortan derechos y libertades y los poderes políticos y económicos se permiten arbitrariedades e incumplimientos de sus obligaciones, o quitan y ponen leyes a su antojo, o se saltan sin más las que interceptan sus planes.  Semejante situación no puede continuar, porque representa un completo fraude a la ciudadanía y una adulteración del régimen de libertades y justicia en el que creemos y queremos vivir. En lo referente a la crisis económica, los instrumentos paras superarla están en gran parte fuera del alcance del compromiso de los ciudadanos, pero, en lo relativo a la reorientación política y la profundización democrática, podemos y debemos adoptar posiciones que impidan que el modelo se reproduzca, que impidan o dificulten que, cuando llegue 2015, haya, con unas pautas exactamente iguales a las actuales, unas elecciones en las que gane de manera clara o tal vez apurada el PP y quede segundo el PSOE (o al revés), obtengan unos grupos parlamentarios nutridos que les permitan gestionar sus chantajes políticos de estos 37 años el PNV y CiU, aparezca cualquier otro convidado esperado o inesperado (tipo nacionalistas sui generis como CC, o UPyD, que ya va dando muestras de no aportar grandes novedades, o IU, que acumula demasiadas contradicciones) y se proceda a reflotar intacto y como si aquí no hubiera pasado nada un sistema viciado que necesita múltiples y serias modificaciones. Eso no puede suceder, porque, si sucede, será una catástrofe, la consagración de un sistema que ha dado sobradas muestras de su agotamiento e inutilidad y una nueva burla a las aspiraciones y derechos de la ciudadanía, burla que no sabemos por cuánto tiempo se podrá prolongar. Sea con los antedichos actores o con otros (sería muy deseable que surgieran otros menos gastados, con ideas y modos más aceptables y que inspirasen más confianza), el guión debe cambiar sustancialmente. Pasemos a este capítulo.

II. Unas cuantas medidas que parecen necesarias

         Si queremos mejorar el sistema político actual y avanzar hacia uno en el que se eviten las injusticias y disfunciones que hoy padecemos, habrá, obviamente, que cambiar, pero no cambiar cualquier cosa, sino el marco político y de convivencia en que hoy nos movemos, y de manera en algunos aspectos sustancial, cosa inevitable cuando existen, como parece innegable, problemas de gran calado. Habrá que quitar algunas cosas y poner otras nuevas, muchas de ellas, importantes. Sin duda es aceptable la estructura general de nuestro sistema, representada por la Constitución de 1978, ya que establece un régimen democrático moderno con valores como la justicia, la igualdad, el estado de derecho, las libertades básicas, los derechos humanos o el apoyo social a quienes más lo necesiten. Un régimen basado en tales fundamentos es la mejor opción en el mundo actual, pero, al lado de esto, en ese marco existen otros elementos que deben como mínimo cuestionarse, no por capricho, sino porque objetivamente han demostrado no funcionar o, en algún caso, incluso ser perjudiciales, por lo que quizás debieran eliminarse o modificarse, aunque ello representase alterar la Constitución, lo cual no tiene por qué representar forzosamente una merma de democracia, ya que esta es un sistema que admite muchas formas de realización. Esos aspectos irán apareciendo en el desarrollo que a continuación se aborda.

1. Medidas relativas a la justicia y la lucha contra la corrupción

         En un país donde la corrupción es un problema capital, resulta indispensable conseguir un poder judicial fuerte, intachable e independiente, que garantice la verdadera igualdad de todos ante la ley y el castigo de los delitos. En democracia no puede haber abusos de poder, privilegios, discriminaciones ni injusticias, y algunas de estas cosas se están viendo actualmente en España. En este terreno, serían necesarias medidas como las siguientes:

         a) La modernización de los medios materiales de la justicia. Que se la dote del personal y las inversiones necesarias.

                b) Que la comisión de delitos se persiga siempre con rigor, independientemente de quien los cometa. Que se persigan y penalicen las obstrucciones cometidas desde dentro del sistema. Ejemplos como el de Carlos Fabra no nos presentan como un modelo de justicia.

         c) Que no existan amnistías o indultos sin una motivación muy seria. Que el indulto no sea la vía de escape de corruptos, amigos del poder o “padrinos”. Que se limite la aplicación de estas figuras y se regulen de  forma rigurosa, incluyendo penas por aplicación indebida y haciendo imposible la arbitrariedad.

         d) Luchar contra la actual lentitud de la justicia. Lograr una tramitación rápida y eficaz de los procedimientos. Que la lentitud deje de ser la causa de que haya delitos que queden impunes.

         e) Introducir los cambios legales y políticos que sean necesarios para lograr la independencia de la justicia y una verdadera separación de poderes. A tal efecto, es necesario desvincular los nombramientos de altos cargos judiciales  y miembros de altos tribunales del control de los partidos políticos.

         f) Anular la actual subida de las tasas judiciales y toda medida que comprometa la universalidad y accesibilidad de la justicia.

2. Medidas relativas al desempeño democrático del gobierno y la acción política

         a) Como premisa para un ejercicio responsable de la política, se debe crear un marco adecuado que impida los privilegios o la acumulación de poder en manos de personas o grupos y fomente la máxima transparencia, para lo cual sería necesario:

                   -Que las elecciones se realizaran por el sistema de listas abiertas.

                   -Que se modificase la actual ley electoral, que beneficia de manera muy injusta la concentración del voto, lo cual lleva décadas privilegiando a los partidos mayoritarios (PP y PSOE) y favoreciendo de manera desmesurada a los nacionalistas (en especial, a PNV y CiU). Debería existir una ley en la que el número de escaños fuera de verdad proporcional al de votos recibidos.

                   -Que no se pudiese ejercer la presidencia del Gobierno por más de dos mandatos consecutivos. La limitación de mandatos se debería hacer análogamente extensiva a otros puestos.

                   -Que no se pudiera ser diputados por más de tres mandatos consecutivos. Los “parlamentarios eternos” tienen una peligrosa tendencia a convertirse en burócratas, caciques, “conseguidores” o parásitos de la política. Esta medida fomentaría además las muy necesarias democracia interna  y permanente renovación en los partidos.

                   -Que se fiscalizasen de forma muy severa los ingresos y las contabilidades de los partidos políticos.

                   -Perseguir de forma implacable la corrupción en la gestión pública y en la política.

         b) Que los delitos de corrupción no prescriban.

         c) Un pacto contra la corrupción con rango de ley, serio y que se cumpla.

         d) Control mediante ley de los sueldos de los cargos públicos, para que se establezcan límites muy estrictos y precisos. En concreto, se deberán evitar escándalos como la actual magnitud y desproporción de los sueldos de alcaldes, concejales, consejeros y presidentes autonómicos. La fijación de los sueldos será competencia del estado y se hará según los baremos establecidos. Se evitarán las subidas arbitrarias y/o desproporcionadas. Se revocarán ciertos privilegios de remuneración, jubilación y cotización de que hoy gozan en general los cargos públicos. Obligación de declaración de bienes al entrar y salir del cargo y existencia de un registro público y de fácil acceso de estas declaraciones.

         e) Promulgación de una ley que establezca la responsabilidad incluso penal o con los bienes personales de las decisiones descabelladas, arriesgadas en extremo o contra derecho que tomen los cargos públicos (para evitar asuntos  como el de Peleas de Abajo, Camps y el fútbol y muchísimos parecidos).

         f) Romper el aislamiento de los poderes públicos y crear mecanismos de control de las decisiones o perfeccionar los ya existentes. No todo vale. Ganar unas elecciones no puede ser el pretexto para gobernar como a uno le dé la gana con el dudoso argumento de “el pueblo me respalda”. Las leyes están por encima de los gobernantes, no pueden incumplirlas o modificarlas a su antojo. Saltarse estos elementales principios de gobierno democrático, cosa que no está siendo infrecuente en los últimos tiempos, tiene que ser una práctica erradicada de nuestra política, ya sea mediante el compromiso de asumir unos nuevos códigos éticos del desempeño de la política o ya sea mediante controles institucionales.

         g) Creación de un catálogo que defina los puestos de carácter político o administrativo que pueden existir en los distintos niveles, el cual impida la creación o invención de figuras y puestos innecesarios destinados en realidad a favorecer intereses personales, de allegados o partidistas. Dado que en realidad las leyes actuales ya poseen mecanismos para impedir estos abusos, otra alternativa sería ejercer una mayor vigilancia sobre estas conductas.

         h) Supresión o limitación muy estricta de la figura del asesor (en el segundo caso: creación motivada, con límite temporal, con número máximo por organismo…, aunque lo ideal sería la supresión, porque este procedimiento ha sido la vía de entrada usada por los partidos para el reparto de prebendas, a menudo con remuneraciones muy elevadas).

3. Medidas relativas a la economía

         a) Aumento de las inspecciones y la presión para que la economía sumergida deje de tener el enorme volumen que alcanza en España.

         b) Idénticas medidas para   luchar contra el fraude fiscal.

         c) Establecimiento de una política fiscal proporcionada, para que en España no sigan siendo los asalariados y los jubilados los que más aporten a la Hacienda pública, dado que no son los que más ganan.

         d) Que desaparezcan los procedimientos que permiten que las grandes fortunas coticen por debajo de lo que proporcionalmente debieran.

         e) Que se eliminen los privilegios fiscales y la permisividad existentes para las grandes empresas, tanto nacionales como multinacionales.

         d) Que se deroguen de forma inmediata  los puntos más perjudiciales e injustos de la actual reforma laboral, tales como el apartado relativo a indemnizaciones y despido.

         e) Que se potencie la eliminación de ese marco y la elaboración de un nuevo acuerdo con la participación de sindicatos, patronales y Gobierno en el que no estén fijados de antemano unos objetivos acordes con los principios neoconservadores. Este acuerdo debe tener entre sus principales objetivos la reducción del paro y la creación de empleos de calidad y remunerados de forma apropiada.

         f) Que se abran nuevas perspectivas que eviten la dependencia del sector de la construcción. Debe potenciarse la investigación, que abre campos nuevos para la industria, un sector que crea riqueza sólida y empleo estable y que en los últimos años ha experimentado un alarmante retroceso en nuestro país. Debe potenciarse el sector de las energías limpias, que para España presenta grandes posibilidades de futuro.

         g) La reducción del índice de paro del 50% entre los jóvenes precisa que no se les ofrezca el subempleo como única salida. Los empleos basura son malos para el trabajador y para el país, así que terminan siéndolo también para el empresario. Es necesario crear planes para acabar con este problema, y así se ha señalado desde instituciones europeas.

         h) Que se penalice fuertemente el despido de trabajadoras embarazadas y se mejoren de forma sustancial los incentivos por tener hijos. Esta cuestión no afecta solo a los derechos laborales, sino al estancamiento de la población y las malas perspectivas de crecimiento que tiene España, tendencia que debería cambiarse, pues representa la amenaza de graves problemas para el futuro. En España urgen las políticas que fomenten la natalidad y luchen contra fenómenos como el abandono rural.

         i) Supresión del régimen fiscal especial de la Iglesia católica y de cualquier otra religión.

         j) Supresión del cupo navarro y los conciertos vascos. El régimen tributario debe ser uno solo general para todos los territorios que integran el país.

         k) La administración de los bancos se ejercerá por personas de perfil estrictamente profesional y económico, sin que se permita la participación en los consejos de gobiernos, partidos políticos, sindicatos u otras entidades que puedan representar la intromisión de perspectivas no profesionales en la gestión.

         l) No obstante, los gestores de los bancos responderán de su labor ante los organismos pertinentes, como es inexcusable. La mala gestión, en especial, la que repercuta en pérdidas para el Estado, podrá ocasionar responsabilidades penales. El Estado y el país deben protegerse contra episodios como la crisis de la construcción o el asunto de las preferentes. Deben crearse mecanismos que prevengan y castiguen con rigor las prácticas abusivas antes de que estas lleguen a extenderse y producir graves perjuicios para la economía nacional.

         m) Los organismos de vigilancia (en especial, el Banco de España) están obligados a controlar con especial rigor la gestión prudente de las entidades bancarias. Se debe hacer más severo el régimen disciplinario ante errores en este campo que puedan ocasionar crisis como la actual. El país debe ponerse a salvo de gestores negligentes como Miguel Ángel Fernández Ordóñez o Rodrigo Rato y de personajes como los dirigentes de Cajasur, CCLM, Nova Caixa, CAM, Bankia..., directivos que han arruinado a sus entidades y ocasionado el desastre económico para el país poniéndose ellos compensaciones económicas abusivas. El control y el rigor incluso penal contra conductas como las de estas personas deben ser máximos.

         n) Realizar modificaciones legales tendentes a implantar cuanto antes la dación en pago como sistema de liquidación de hipotecas en los casos en que un hipotecado no pueda afrontar su deuda.

         ñ) Legislar en contra de prácticas abusivas como las hipotecas suelo, el cobro de tasas indebidas o la imposición indebida de seguros y otros productos. Sancionar estas prácticas con multa e indemnización al afectado.

         o) Separación clara entre la banca comercial y la de inversión. Creación de un estricto régimen de control de productos financieros y de sanción de políticas como las generalizadas entre los bancos en el asunto de las preferentes.

         p) Perseguir la colaboración de la Banca en blanqueo de capitales y la realización de operaciones con paraísos fiscales.

        

4. Medidas relativas a la protección y fortalecimiento del sector público

         La existencia de un sector público fuerte y modernizado en administración, sanidad, educación, seguridad y otros servicios que tradicionalmente han tenido una titularidad pública es garantía de gestión eficaz, imparcial y universal de dichos servicios, anteponiendo el criterio del bien público general al de la ganancia económica de empresas particulares. Contrariamente a lo que pretende sembrar entre la opinión pública la propaganda de sectores políticos y económicos interesados en adueñarse de estas prestaciones para convertirlas en la fuente de su lucro particular, la asunción por parte del Estado de los servicios públicos no es sinónimo inevitable de descenso en la calidad, sino todo lo contrario: garantiza esa calidad y el que la prestación de servicios públicos se realice valorando altamente criterios como la universalidad y la igualdad. Esto no es esperable en absoluto en los modelos regidos exclusivamente por el criterio empresarial, como demuestran sin duda los ejemplos de EEUU, donde el objetivo de Barack Obama (ferozmente combatido por los sectores más ultraconservadores de su país) es humanizar un sistema sanitario que solo ampara de verdad a quien tiene dinero, o del Reino Unido, donde la salvaje privatización de los servicios públicos llevada a cabo por Margaret Thatcher en los años 80 produjo una inmediata caída en picado de la calidad de un sistema que hasta entonces había sido modélico. Hoy en día, los trenes británicos han dejado de ser ejemplo de puntualidad, mientras que los transportes públicos de Londres se han hecho tan merecida como tristemente célebres por sus precios desmesurados. Que la administración Obama se interesase en su día por el sistema sanitario español como modelo debería despejar todas las dudas acerca de su excelencia, de su viabilidad (demostrada en datos comparativos con otros países europeos) y de la sesgada iniquidad de los planteamientos de personajes como Esperanza Aguirre, Javier Fernández-Lasquetty o Alberto Fabra. Otro propósito inconfesable de los ataques del PP y todo el gran empresariado español (Juan Rosell, el delincuente económico llamado Gerardo Díaz Ferrán, Isak Andic, que acostumbra a cotizar en SICAVs…) al sector público y los funcionarios es que el modelo de asalariado que representan estos últimos estorba a sus proyectos. El modelo de trabajador por el que repetidamente se han pronunciado estos sectores es un empleado mal pagado y con puesto inestable (es decir, el producido por la reforma laboral del PP, la cual, quien siga atentamente las hemerotecas, podrá comprobar que se ajusta milimétricamente a lo que venían proponiendo desde mucho tiempo atrás estos sectores), modelo que favorece sus intereses económicos y de control empresarial, por lo que un referente con trabajo estable como el del funcionario es muy contrario a sus planes, no solo por esto, sino también por otro factor que no suele contemplarse: el de la independencia. Aunque esto está cada vez más en retroceso debido a los modos autoritarios que se están imponiendo en la Administración, el funcionario es un trabajador con un estatuto peculiar y muy molesto para quien tiene mentalidad de patrón-patrón: no se debe al cien por cien a sus superiores, sino que responde antes que nada ante el ordenamiento legal, por lo cual puede darse (y, de hecho, se da) la negativa a obedecer mandatos que lo incumplan abiertamente. De hecho, cuando Esperanza Aguirre alcanzó sus más delirantes cotas de ataque a los funcionarios, desprestigio del colectivo y crítica de su estabilidad laboral, voces conocedoras de la historia de España salieron para poner en su conocimiento (tal vez no a la altura de su arrogancia) que esa estabilidad se implantó hace cosa de un siglo como remedio contra la inestabilidad de la época de las cesantías del sistema isabelino, la cual creaba unos funcionarios inestables y demasiado dependientes del poder político que les suministraba el puesto, cosa que producía un óptimo caldo de cultivo para la corrupción, los abusos de los gobernantes y el caciquismo. ¿Es ese el sistema que añora el PP? Este partido no ataca a los funcionarios por su impenitente vagancia e ineficacia, cosa que es una repugnante mentira, pues, como sabe cualquiera que conozca un poco el mundo, tales defectos no son lo imperante y están a la par en el sector público y en el privado, sino porque son un estorbo para sus intereses particulares.

         Hecha esta larga introducción, que juzgo necesaria después de casi un lustro de ataques directos al sector público y sus profesionales, expongo aquí las propuestas básicas para este apartado:    

         a) Que se dé marcha atrás en los recortes realizados en el sector público, incluidas las rebajas de sueldos a funcionarios. Los últimos cálculos, estiman que en tres años se ha reducido en 60.000 el número de profesores en España, mientras que ha aumentado en 400.000 el de alumnos; bastan estas cifras para demostrar que el PP gobierna literalmente atentando contra el derecho a la educación.

         b) Que no se realicen recortes en prestaciones en servicios básicos y que se mantengan las inversiones para que funcionen de manera apropiada.

         c) Que el destino prioritario del dinero público sean los servicios básicos. Modificar el artículo 135 de la Constitución en la dirección de blindar el pago de intereses de la deuda es una muestra del ideario antisocial de PP y PSOE.

         d) Que la sanidad no sea sometida a cambios con el fin de convertirla en un negocio. El sistema sanitario español es bueno, sostenible y no de los más caros de Europa, por lo que pretender desmantelarlo es un grave ataque contra los derechos de los españoles.

         e) Que las inversiones y ventajas económicas en educación se dirijan al sector público. No es sostenible la existencia de un sector económico como la enseñanza concertada española, compuesto por empresas privadas que reciben subvenciones públicas, desempeñan un servicio público obteniendo lucro y cobrando a las familias y, en algunas autonomías como Madrid, son además destinatarias de medidas políticas que las privilegian, como las normativas para favorecerlas en la concesión de suelo gratuito para la construcción de centros o las exenciones fiscales destinadas hacer rentable el matricular a los hijos en centros concertados.

         f) Que se aumente la inversión en educación.

         g) Elaboración de un nuevo marco educativo de amplio consenso y destinado a resolver los problemas reales que existen en la enseñanza actual. Que se establezcan mecanismos de consulta directa al profesorado. Si los ataques del PP al sector son muy perjudiciales, el marco educativo creado por la LOGSE y la LOE no lo es menos.

         h) Que se reabra la contratación de personal en los diversos sectores públicos en los que está prácticamente congelada, ya sea de carrera o interino, ya que los recortes de personal han incidido en un empeoramiento efectivo de las prestaciones.

         i) Poner fin a la práctica de la externalización y vaciado de funciones en departamentos públicos para cederlas a empresas privadas creadas con el propósito de que se beneficien de este fraude personas y empresas de la órbita del partido que lo pone en práctica.

5. Medidas relativas a la forma de Estado

          a) Replanteamiento del Estado de las Autonomías, que contemplase sustanciales reformas sin excluir la supresión, por las siguientes razones:

                   -Ya desde el principio, representaron un marco con asimetrías territoriales tan fuertes que no son razonables, por producir desequilibrio y discriminación. La mejor prueba de esto son los regímenes fiscales particulares de Navarra y el País Vasco.

                   -Produce una innecesaria y costosa multiplicación de órganos, procedimientos y estructuras políticas (parlamentos, gobiernos, altos cargos, procesos electorales, defensores del pueblo, tribunales de cuentas…). Recuérdese, además, que ha sido motivo de escándalo el que presidentes o consejeros autonómicos tuvieran unos sueldos desaforados y muy superiores a los de sus homólogos estatales, de responsabilidades bastante más amplias.

                   -Existen incluso instituciones de carácter no estrictamente político que no solo no tienen demasiado sentido económica y funcionalmente, sino que son casos efectivos de privilegio; por ejemplo: ¿por qué tienen que existir mossos de escuadra, ertzainas o policías forales navarros? No parece razonable que una competencia tan importante como el orden público no sea de exclusiva responsabilidad estatal, ni tampoco que unas comunidades las tengan y otras no. Debe añadirse en este capítulo que la reciente radicalización de los planteamientos de algunas fuerzas nacionalistas ha producido hechos tan inquietantes y desafortunados como las declaraciones en las que, en octubre de 2012, el consejero de Interior de la generalitat, Felip Puig, amenazó abiertamente con utilizar a los mossos de escuadra como fuerza de defensa del referéndum independentista que se propone poner en marcha el gobierno catalán, o la poco clara participación de los mossos de escuadra en el caso del espionaje a políticos. No resulta, pues, exagerado plantearse si es realmente acertado dotar de cuerpos armados a instituciones en cuyos gobiernos han ocupado cargos personas dispuestas a usarlos en conflictos contra el Estado.

                   -Con el paso del tiempo y la llegada a cierto estado de relajación, hemos visto incluso la creación de organismos de dudosa legalidad competencial (en especial, las representaciones autonómicas en el exterior).

                   -Han acabado creando un perjudicial estado de  confusión jerárquica. El permanente estado de reivindicación e incluso beligerancia frente al estado central y la arrogancia de algunos líderes autonómicos dan la impresión de que vivimos en un estado débil y de régimen jurídico confuso, donde cualquier región puede imponer en su territorio normas a su antojo (Eurovegas y dependencia en Madrid, inmersión lingüística en Cataluña, vacaciones fiscales en el País Vasco, euro por receta…) o declararse en rebeldía e incumplimiento de las leyes estatales, lo que es un injustificable acto de desgobierno, además de una inexplicable conducta antisistema de dirigentes u organismos que forman parte esencial del mismo sistema.

                   -La permanente tensión antes citada produce también un “despilfarro de fuerzas”: a menudo las tensiones bloquean o entorpecen el progreso de políticas concretas; el tiempo y el esfuerzo dedicados a querellas estado-autonomías se sustrae a actividades más positivas.

                   -Es incuestionable que la multiplicación de la clase política arrastrada por la existencia de mini-estados autonómicos con sus gobiernos, sus parlamentos, etc.  ha traído un mayor desarrollo de la corrupción, debido a la existencia del Estado de las Autonomías. Un vistazo al mapa de la corrupción nos muestra cómo la mayoría de los casos están ligados a las divisiones autonómicas de los diversos partidos, hasta el punto de que muchos consideran a las CCAA como la versión actual del caciquismo.

                   -En gran medida, el despilfarro en obras innecesarias o negocios ruinosos de todos estos años (AVE, aeropuertos, carísimas autovías o autopistas que ahora apenas se usan, universidades, Fórmula 1, Terra Mítica…) se ha debido al localismo autonómico, porque estas obras e iniciativas no pocas veces han sido el procedimiento para asegurarse el voto en alguna de ellas, cuando no dudosos negocios de esas “divisiones autonómicas” de los partidos. Este fenómeno ha tenido una versión municipal también muy dañina.

                   -Las extralimitaciones  identitarias de algunas autonomías han sido también fuente de excesivos conflictos y de inadmisibles desigualdades. Expresamos nuestro posicionamiento a favor de la igualdad de todos los territorios de España y en contra de toda postura separatista. Es necesario recalcar que, desde que se consolidó la democracia en España, la mayor parte de las manifestaciones de violencia e intolerancia política proceden de las filas del nacionalismo (terrorismo, kale borroka, hostigamiento a quienes no piensan igual, quema de banderas…), ya que la violencia ultraderechista ha quedado prácticamente reducida a ocasionales actos de grupúsculos aislados. También han sido fuente de tensos conflictos de otro tipo, como la segregación lingüística (rotulación de los comercios en Cataluña, problemas con la escolarización…), las guerras de banderas, aventuras desestabilizadoras e insolidarias como el descabellado plan Ibarretxe o el actual y no menos descabellado proyecto de referéndum en Cataluña, etc.

                   -Existen también unas diferencias de derechos digamos “de menor alcance” entre las autonomías (sueldos de funcionarios, prestaciones médicas…) que tampoco parecen muy justificables y no dejan de ser importantes.

         b) Establecimiento, en cualquier caso, de un principio de igualdad de derechos interterritorial. Que no sea posible que en dos lugares distintos de un mismo país los impuestos, las obligaciones, los derechos, la prestación de servicios o el sometimiento a las leyes sean distintos. Con autonomías o sin ellas, privilegios de origen territorial como el cupo navarro o los conciertos vascos no tienen cabida en un país democrático.

        

6. Medidas relativas a la política ambiental

         a) El compromiso con la defensa de la naturaleza, del medio ambiente y del territorio, lejos de ser un adorno idealista, es un principio indispensable en una sociedad moderna y democrática. Solo con ver el signo de los países donde mayor y menor es este compromiso queda demostrada esta afirmación, por lo que en España ese compromiso debería ser una política de estado y por encima de diferencias partidarias.

         b) La defensa del medio ambiente es económicamente rentable para las personas, las sociedades y el conjunto de la humanidad, aunque seguramente no lo es para los oligarcas que controlan la economía y la política. El planeta es el hábitat de la humanidad, de modo que su deterioro o destrucción es perjudicial para las vidas (lo que incluye las economías, que son además menos importantes) de las personas y los países. Creemos que debe cambiarse radicalmente el actual régimen económico y político en este campo, ya que deteriora a diario y sin demasiados escrúpulos el hábitat, lo que hace cada día mayor la destrucción planetaria y perjudica a la calidad de vida de las personas. Por otra parte, hablando en términos económicos, los gastos que deben afrontarse para remediar los daños producidos por las malas políticas medioambientales (desde limpiezas y descontaminaciones hasta tratamientos médicos de enfermedades producidas por la contaminación) son cada vez más cuantiosos, por lo que una buena política medioambiental tiene mucho de buena política económica.

         c) En la actual y devastadora crisis económica y política (que no olvidemos que se está manifestando, entre otras cosas, en un grave ataque a los derechos de todos), estamos sufriendo muy especialmente las consecuencias de una especulación financiera e inmobiliaria que se asentó en la construcción de viviendas, obras y edificaciones diversas sin más límite que las perspectivas de negocio de inversores sin escrúpulos y políticos corruptos, lo que equivale a decir sin ningún límite racional. La avidez de estos agentes económicos no respetó ni las vidas ni las economías de personas y hasta países enteros, ni menos aún los territorios, los paisajes, las condiciones de habitabilidad, la contaminación o la fauna. Queda claro, pues, que los especuladores que nos han arruinado y las élites políticas que ahora nos están asfixiando fueron y siguen siendo feroces enemigos del medio ambiente; conclusión: este tiene los mismos enemigos que la ciudadanía, el progreso económico, las libertades y la propia democracia. Es necesario poner una especial vigilancia sobre playas, zonas de gran atractivo natural y demás territorios que han constituido el objetivo favorito de los especuladores inmobiliarios y sus cómplices, los corruptos de la política, ya que sigue habiendo muestras muy palpables de su intención de reanudar sus negocios a la menor ocasión. 

         d) En el plano de lo concreto, esta defensa del territorio y del medio ambiente debe materializarse en una formulación proteccionista y muy vigilante de las leyes de costas y del suelo, así como de las normas y las competencias sobre calificación de suelos. Concretamente en lo referido a estas, creemos que los municipios no deberían poder calificar como urbanizable ningún terreno sin trámites como un plan de urbanización, una motivación razonada, un seguimiento económico y una inspección y permiso gubernativo. Desde Huelva hasta Gerona, existe un alto número de ejemplos de sitios donde la ambición y/o corrupción de políticos locales o autonómicos los ha convertido en los principales aliados de los promotores y especuladores inmobiliarios que han destrozado los territorios que esos responsables políticos hubieran debido defender.

         e) Persecución y control de las construcciones ilegales. Agilización de los trámites de demolición. La construcción ilegal no solo afecta a esferas como el negocio inmobiliario, sino a asuntos como los poblados marginales generadores de todo tipo de problemas sociales y de delincuencia o la existencia de viviendas en ramblas, laderas y otros emplazamientos peligrosos.

         f) La política energética debe enfocarse hacia la promoción de energías limpias y renovables, por los siguientes motivos:

                   -En primer lugar, y aunque no esté del todo ajustado a este apartado, la producción de energía eléctrica está hoy en España en manos de empresas que están siendo muy favorecidas en las tarifas, con cargo al consumidor. Las tarifas por electricidad en España son muy elevadas y no existe una verdadera competencia y diversificación de la oferta. Algo parecido ocurre con los combustibles para vehículos, ya que las diferencias de los precios entre las gasolineras son tan leves que prácticamente nos hallamos en una situación de oligopolio.

                   -Aunque está claro que las actuales eléctricas seguirían llevándose el negocio, a largo plazo, energías limpias como la solar o la eólica por fuerza tendrían que ser más rentables para un país como España, pues nos permitirían dejar de ser dependientes del exterior. En la actualidad, los detractores de estas energías argumentan que su capacidad de suministro no cubriría las necesidades del país, argumento que parece no tener en cuenta que las tecnologías avanzan, y lo hacen deprisa, sobre todo, si la inversión es la adecuada, razón por la cual se hace doblemente criticable la actual política del PP de retirada de ayudas al sector a las energías renovables y de extrema restricción de inversiones en investigación, pues, concretamente en este campo, además de cerrar la puerta al progreso y la mejora económica que representa la investigación, lo hace en un terreno donde las condiciones de España son todo lo ventajosas que no son en otras fuentes de energía. Una vez más, el PP (y también el PSOE) parece pensar más en los intereses de las grandes empresas. Hay que insistir en el hecho del permanente progreso de la investigación en energías limpias, que abarca a muchas fuentes, tales como la energía de las olas, las corrientes fluviales, la fuerza magnética, el hidrógeno, el nitrógeno…

                   -Esta apuesta por las energías limpias y renovables nos hace ser contrarios a la energía nuclear y partidarios de su abandono al ritmo más rápido que sea posible. Quienes la defienden acuden a argumentos de carácter práctico, principalmente, el económico, discutido a menudo, y también recurren a la afirmación de que la energía nuclear es, no ya segura, sino tal vez la más segura de todas. Este argumento no merece muchas vueltas, basta con mencionar los nombres de Chernobyl o Fukushima.  

III. Conclusiones

         Quienes hayan leído lo anterior, podrán estar de acuerdo o no con lo que plantea, o aceptar unas medidas y rechazar otras, lo cual entra por completo dentro de lo esperable. Pienso, que, se compartan o no, todas las medidas aquí propuestas tienen la virtud de no ser caprichosas, sino de estar sustentadas en motivaciones reales. Habrá también quien pueda echar en falta alguna medida o la alusión a algún tema en concreto, cosa también lógica, que podrá deberse a que eso que se echa en falta yo no lo considero necesario o a que se me haya pasado por alto su mención, ya que este documento no pretende ser exhaustivo. Existen también algunos asuntos que están entre las preocupaciones generales y que no he querido mencionar por no tener formada una opinión segura al respecto; entre estos, el más importante es el de la jefatura del estado. Soy de los que siempre han pensado que, en la situación actual de España, ese papel lo estaba desempeñando la monarquía al menos lo suficientemente bien como para que no fuese razonable ni práctico plantearse el sustituirla, aunque hoy en día reconozco que quienes son contrarios a ella tienen cada vez más argumentos a su favor, suministrados, por si fuera poco, por miembros de la propia institución. 

         Al llegar hasta aquí, cualquiera puede plantearse lo siguiente: todo esto está muy bien (o muy mal), pero ¿quién y cómo lo hace? El cómo está claro que debería ser a base de elaborar políticas, estrategias y normas para llevar a cabo cada medida, cosa compleja, pero viable para las organizaciones y personas capacitadas: técnicos, expertos, administración, gobierno, instituciones, asociaciones, partidos, empresas, ciudadanos…, en dos palabras: la sociedad. Por supuesto, para que llegara a hacerse, las propuestas tendrían que ser asumidas por un partido o varios, que liderasen la tarea de defenderlas y, llegado el momento, aplicarlas. Algunas de ellas estoy seguro de que están entre las que defienden algunos partidos políticos, pero, tomadas en su conjunto, no creo que haya ninguno que tenga un programa igual, dado que he presentado aquí algunos planteamientos muy radicales, lo reconozco, tal es el caso de lo relativo a las comunidades autónomas, pero deberá también reconocerse que sus motivaciones son sólidas y que, en último caso, si el estado de las autonomías ha llegado a una situación de múltiples, graves e innegables disfunciones, es absolutamente lícito y hasta necesario ponerlo en tela de juicio, y si, por otra parte, en España hay quienes defienden el federalismo sin darse cuenta de que el estado de las autonomías ya casi lo es, con lo que bien podría objetárseles que están proponiendo algo que ya es casi seguro que no va a solucionar nada o que va a empeorar las cosas, o quienes con la cabeza muy alta y cara de agraviados manifiestan que quieren separar a sus regiones del cuerpo de la nación, ¿por qué no podemos defender nuestras posturas quienes creemos que lo mejor sería dar pasaporte a la descentralización política y frenar en seco al separatismo?

         En todo caso, cuando digo que estas como cualesquiera otras medidas políticas debería llevarlas a cabo la sociedad, tengo que dejar claro algo que he pospuesto deliberadamente hasta este momento: que debería haber incluido un apartado con medidas relativas a la sociedad española, que también tiene mucho de que hablar, porque hemos fallado por extenso y por intenso.

         Vuelvo a las palabras iniciales de este artículo: los españoles consideramos hoy que nuestra segunda preocupación es la corrupción: pues bien, resulta que uno de los casos estelares de hoy es el caso Bárcenas, que está unido al ya viejísimo caso Naseiro: ¿cuánto llevamos con la corrupción? ¿Cómo hemos podido aguantar tanto? ¿Cómo han votado tantos españoles al partido de Naseiro y de Bárcenas durante tanto tiempo? Otro de los casos que actualmente suenan es el caso Nóos, en el que hoy ha aparecido envuelto Francisco Camps, que en su día estuvo ya envuelto en casos de corrupción, al cual se votaba masivamente aun cuando ya sonaba su nombre mezclado con la palabra corrupción, al cual se le medio perdonaba porque, total, por unos trajes… ¿Cuántos de los que votaron y defendieron a Camps estarán hoy entre los que se sienten muy preocupados por la corrupción? He hablado de la feroz especulación y brutal corrupción en el litoral mediterráneo: ¿habrá un mejor ejemplo de ambas que la Marbella nacida del gilismo? Muchas veces, cuando he visto a la gente de Marbella clamando contra Roca, contra Isabel Pantoja, contra Julián Muñoz, he pensado amargamente en el estupor que me producía, en los tiempos en que Jesús Gil se presentaba a alcalde y ganaba por mayoría absoluta, ver a exultantes marbellíes congratulándose de los negocios, el dinero y la prosperidad que iba a traer ese señor, cuyo lamentable pasado se sabía y al que llevaron al poder con sus votos. Gil no engañó a nadie; Gil hizo lo único que sabía hacer y hasta lo anunció con su habitual descaro; Gil llevó la corrupción a Marbella y Marbella llevó a Gil al poder… a sabiendas: ¿cuántos marbellíes estarán hoy preocupados por la corrupción? Y que nadie piense que es solo Marbella, porque en España, desde hace mucho, han sido bastantes los pueblos que han hecho alcaldes a chorizos declarados, a corruptos con condena firme: les bastaba con prometer que garantizarían puestos de trabajo en la construcción por lo civil o por lo criminal. Mientras escribía este artículo, no dejaba de hacerme una pregunta: ¿qué lugar ocuparía la corrupción entre las preocupaciones de los españoles en el año 2000, o en 2003, o en 2006, años en que sería la misma que ahora o más, porque los casos que están saliendo ahora son los que se fraguaban o ya se destapaban entonces, que era cuando lo que bajaba como un torrente eran los ríos de billetes de 500 euros. ¿Y aquella frase repetida por millares de bocazas, muchos de los cuales quizás hoy estén sufriendo un paro lacerante, aquello de: “Si yo pudiera, haría lo mismo”? Voy a dejar explícito aunque no haga falta lo que quiero decir: España ha sido un excelente caldo de cultivo para la corrupción. Hoy mismo, oía una noticia en la radio: las autoridades europeas van a investigar y quizás sancionar a las gasolineras españolas, ese floreciente oligopolio, por bajar los precios justamente los lunes, ya que es el día en el que se hacen los muestreos oficiales sobre precios. ¿Podrá este país donde al sinvergüenza se le llama listo superar una crisis producida en gran parte por la corrupción?

         Ese será nuestro principal reto: hacernos honestos, intransigentes con la mentira y el fraude, firmes para exigir a nuestras autoridades que castiguen a los ladrones, maduros para no transigir con gobernantes ineptos y/o deshonestos, perspicaces para no dejarnos engañar por mitos y promesas falsas, fuertes para defender nuestros derechos. Si en los tiempos que vienen no nos desprendemos de la pasividad, el cinismo, la tolerancia con los ladrones y la sumisión, lo que nos caiga encima nos lo tendremos bien merecido.  

        

         9 de marzo de 2013                        

                                                           Pablo López Gómez