Justo en el día en que nos enteramos de que la fiscalía ha acusado a dos ministerios, el IGM y la empresa UGS por el desastre aquel llamado proyecto Castor, aparece en el número seis de la revista El ballet de las palabras este artículo del guachimán, el cual habla algo acerca del proyecto Castor, pero vinculándolo a una amenaza muy parecida, el fracking:
FRACTURA
HIDRÁULICA (O FRACKING)
La polémica en torno al fracking ya no es nueva, sino que nació en torno al año 2000, pero
las razones de que en estos días resulte una vez más actualizada son dos: una
reforma legal prevista por el Gobierno (1), que dispone beneficios económicos
para las zonas donde se ponga en práctica, y una decisión judicial (2): la
paralización por parte del Constitucional de cuatro leyes autonómicas
contrarias a esa técnica de explotación de recursos energéticos. Voy a empezar
por definir lo que es la fractura hidráulica, y la definición, no lo oculto, la
voy a sacar de Wikipedia, cuyo artículo sobre este asunto (3) me parece
bastante bueno. Es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas
y petróleo del subsuelo, en la cual, una vez la perforación vertical alcanza
la profundidad deseada (a más de 2.500
m.), se gira el taladro 90 grados en sentido horizontal, se sigue perforando
entre mil y tres mil metros y se inyecta agua a presión mezclada con diversos
materiales, con el propósito de ampliar las fracturas del sustrato rocoso que
encierra el gas o el petróleo y favorecer así su salida a la superficie.
Como
puede verse, las ventajas de la fractura son económicas, ya que hace accesibles
yacimientos que sin ella no lo serían, pero, debido a que lo que se extrae con
esta técnica son recursos energéticos, aparece además un factor político que
aumenta el valor del producto, ya que hoy en día, como hemos comprobado en
decenas de crisis petrolíferas o en las que recientemente se han producido en
torno al gas en el conflicto que enfrenta a Rusia y Ucrania y afecta muy seriamente
a la Unión Europea, la carencia de estos recursos puede situar a un país en una
desagradable situación de dependencia y dejarlo expuesto a mil penurias y
chantajes, razón por la cual todos anhelan el mayor grado de autonomía
energética. En este marco, la fractura hidráulica aparece como una puerta que
se abre a que puedan aumentar esa autonomía países que ya tenían bastante, o a que
puedan dar pasos hacia ella otros que jamás la han tenido. Incluso podría darse
el caso de que alguno pasase a tener enormes reservas de combustibles con las
que jamás había contado (4). Rendimientos económicos y fortalecimiento
político: los beneficios que promete la fractura hidráulica son muy tentadores.
Pero
existen también inconvenientes, que no son pequeños y que afectan a la esfera
medioambiental. En Estados Unidos es donde está más extendida la práctica de la
fractura hidráulica y es también donde son mayores la oposición a ella y la
existencia de informes sobre sus repercusiones negativas en el medio ambiente.
Las principales son dos: la producción de seísmos y la contaminación de los
estratos internos del terreno y de los acuíferos, producida por las sustancias
que se mezclan con el agua para provocar la fractura de las capas rocosas
subterráneas o bien por el contacto de dichas sustancias con otras que existan
previamente en esas capas. Se han encontrado aguas contaminadas a causa de la
fractura con presencia de metano, cloruro de potasio y, sobre todo, benceno,
una sustancia que tiene potentes efectos cancerígenos. El caso más patente
(aunque hay más), con informe oficial incluido (5), es el de la ciudad
estadounidense de Dimock, cuyas reservas de agua potable fueron fuertemente
contaminadas con metano, arsénico, bario y otros productos, a causa de las
filtraciones procedentes de una explotación que utilizaba la fractura
hidráulica. El agua de Dimock produjo enfermedades de personas y muerte de
ganado y además era inflamable: acercando un mechero encendido a un grifo
abierto, se producía una llamarada.
Los
peligros medioambientales anexos a la fractura hidráulica han producido una
polémica entre partidarios y defensores y diversas posturas entre los
gobiernos, que van desde la autorización a la prohibición, pasando por las
moratorias y la práctica limitada. La actual situación española se mueve en este
terreno a medio camino entre la desconfianza ante sus secuelas y la negativa a
renunciar a sus beneficios. Las decisiones del Gobierno y del Constitucional
con que empieza este artículo están claramente inclinadas hacia la segunda
tendencia, pero el hecho de que el Gobierno haya decidido incentivar
económicamente a quienes acepten llevar a la práctica la fractura es un claro
indicio de que no es insensible a la existencia real de un peligro ni al
rechazo que, por tanto, genera esta técnica entre la ciudadanía. Se da además
la circunstancia de que en la opinión pública española está muy presente un
suceso que no consistió en un caso de “fracking”, sino en algo muy parecido: la
sismicidad inducida por una mala práctica de explotación de recursos (6). Entre 2010 y 2013, se puso en marcha frente a
las costas de Castellón el proyecto Castor (7), que consistía en la creación de
un gran almacén subterráneo bajo el mar a 22 kilómetros de la costa, con la
finalidad de guardar en él el gas procedente de la red nacional de gasoductos
hasta que fuera necesario su uso. El proyecto hubo de ser abandonado en octubre
de 2013, cuando ya estaban en marcha los primeros pasos del llenado del
almacén, debido a que era inequívocamente la causa de los más de 300 terremotos
que se produjeron en la zona en menos de un mes, alguno de los cuales alcanzó
los 4’2 grados en la escala de Richter. El proyecto Castor y sus evidentes
consecuencias medioambientales pusieron a la ciudadanía española en guardia
contra este tipo de prácticas. Como, además, los hechos no tardaron en desmentir
las primeras reacciones gubernamentales negando la relación entre el proyecto y
los terremotos, el resultado fue que también quedamos vacunados contra las
mentiras oficiales en este asunto: ciertos jueguecitos sí que producen
peligrosas consecuencias en el medio ambiente.
Pero
el caso es que, como prueban las medidas político-judiciales de que hablo, los
que mandan no parecen dispuestos a ceder fácilmente, con lo que demuestran una
vez más que su sensibilidad ante los problemas del medio ambiente es más bien
dudosa. Y que nadie piense que es cosa del PP, porque el proyecto Castor fue un
invento del PSOE y porque estos partidos han sido los que han nombrado a la
mayoría de los miembros de ese Tribunal Constitucional que ha frenado las
iniciativas autonómicas contrarias a la fractura hidráulica. Una vez más, el
economicismo desprecia la ecología, pero echemos un vistazo a los peligros de
la fractura hidráulica o de la sismicidad inducida: aguas que matan ganado,
enferman a personas y tienen propiedades cancerígenas; terremotos como los de
Castellón y, tal vez, el de Lorca: no se trata de románticos suspiros ante el
paisaje, se trata de vidas humanas.
(4) La
geopolítica del “fracking” (El País):
(5) Dimock:
(6) Sismicidad inducida y fractura hidráulica:
(7) Proyecto Castor
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