domingo, 6 de marzo de 2016

Lo que Irene Rigau y la Generalitat debieron hacer y no hicieron

   Como sabéis, en la noche del pasado viernes cuatro de marzo, ocurrió en Barbastro un lamentable suceso en un control de carreteras, en el cual el guardia civil José Antonio Pérez perdió la vida por culpa de la criminal maniobra del conductor de un vehículo al que se había dado el alto, quien resultó ser un menor que ahora está detenido. El hecho es gravísimo y trágico y es de esperar que se esclarezca y se resuelva con justicia. En coherencia con su gravedad y con ser la víctima un servidor público que ha fallecido en el cumplimiento de sus obligaciones, a José Antonio Pérez se le ha enterrado hoy con todos los honores y el respaldo institucional que merecía. Al sepelio han acudido el presidente de la comunidad de Aragón, Javier Lambán, y el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz,  quienes, sin reparar en la condición del presunto culpable ni en ninguna otra consideración, han expresado su deseo de que se haga justicia y han manifestado su dolor por el suceso. El ministro, además, como máximo responsable del cuerpo al que pertenecía el fallecido, le ha impuesto la Cruz del Mérito de la Guardia Civil. Como debe ser: a José Antonio Pérez sus superiores jerárquicos le han reconocido de forma inmediata como víctima y como servidor público fallecido en el ejercicio de sus funciones.
   De manera inevitable, cuando hoy veía en la televisión las imágenes del entierro, he tenido que acordarme de Abel Martínez Oliva, cuya trágica muerte ocurrió el pasado 20 de abril. ¡Qué diferencia de trato! ¡De qué manera miserable y humillante ignoró la Generalitat al desafortunado profesor! ¿Cómo se le honró oficialmente, qué autoridades fueron a dar respaldo al entierro de este servidor público? Que yo sepa, ninguna; hasta donde se me alcanza, el alcalde de Lérida, Ángel Ros, pasó por casa de sus padres a ofrecerles su pésame y su apoyo, eso fue todo, ¡qué reconfortante, qué gran honor! Pero, ¿qué otra cosa podía esperarse, si ya cuando apenas hacía una hora que había muerto la consejera Irene Rigau lo ninguneó con su célebre e inicua frase: "Ha mort un professor, però hi ha una gran víctima, qué es el nen"? Ahí demostró su talla humana, su sentido de la justicia y su valía como gestora pública. Ya puede, si es que no lo ha hecho aún, tomar nota de un hecho terrible: dado que su gestión educativa fluctuó entre la nada  y la absoluta miseria, es muy probable que pase a la historia por este episodio y  por esa frase; si tiene un asomo de conciencia, me temo que no lo va a llevar bien. Otro tanto ocurrió con la Generalitat: el único reconocimiento que se concedió a Abel Martínez fue la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, importante condecoración, pero del Gobierno nacional, y tengamos en cuenta que en Cataluña las competencias educativas las tiene el Gobierno autonómico, o sea, la Generalitat, que sale muy mal parada en esta comparación que se me ha ocurrido. No es buen gobierno el que da la espalda a las personas y en asuntos tan trágicos.

2 comentarios:

  1. Pablo: coincidimos plenamente. Ayer escuchando la noticia en televisión hice el mismo comentario a mi marido. ¡Qué diferencia de trato¡ Pero no solo de las instituciones, muy grave me parece también la diferencia de trato "informativa".

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  2. Por supuesto, Patricia, pero es que es un círculo vicioso, porque los medios están al servicio de los poderes. Y añado una cosa: la medalla que se le dio a Abel Martínez se le dio por petición de organizaciones de profesores y por iniciativas ciudadanas, no fue por una decisión originada en la Administración, si bien aquí hay que valorar el hecho de que la Administración central no podía actuar por iniciativa propia existiendo como existía el obstáculo de la Generalitat.

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