Acaba de llegarme la noticia: en la Comunidad de Madrid ya pueden darse en centros concertados etapas no obligatorias de la enseñanza como el Bachillerato y la Formación Profesional. Aquí tenéis dos casos concretos: el Tajamar de Madrid, conocido centro propiedad del Opus Dei y el Alborada de Alcalá de Henares, también del Opus Dei. En el caso, de este último, si pulsáis el enlace, veréis que lo que cuenta la noticia es que ciertos grupos del ayuntamiento de Alcalá de Henares (PSOE, IU y UPyD) se oponen a que el gobierno autonómico conceda al mencionado centro el concierto para las etapas no obligatorias, pero lo que resulta curioso es que he tenido que dar vueltas para encontrar esta noticia, porque en el enlace que algunos amigos me han enviado ya no estaba "disponible", curioso, ¿no?
Se demuestran de nuevo dos cosas, a cuál más grave:
1.- Que el presente conflicto es político, claro, porque forma parte de la política educativa de Esperanza Aguirre: cargarse la enseñanza pública en beneficio de la privada.
2.- Que, lejos de hacer política por el bien general y en favor de la ciudadanía, el PP madrileño hace política sectaria en busca del bien particular de sus amigos, en este caso, el empresariado de la enseñanza privada, muy en particular, el constituido por entidades religiosas como el Opus Dei. Ya vimos con ocasión de la visita del Papa en agosto como el PP dejaba escapar posibles ingresos públicos de esos tan necesarios para hacer con ellos regalitos a sus afines en materia religiosa: ¿no hay en la democrática España un poder que impida estos intolerables despilfarros del dinero de todos?
A vueltas con este asunto de los centros concertados, que se están destapando como el verdadero corazón del conflicto de la enseñanza en Madrid, quisiera recordar que su nacimiento procede de la LODE, ley orgánica que se está incumpliendo me parece que sistemáticamente. Veamos solo algunos ejemplos.
El artículo 48 determina que el Estado establecerá un régimen de conciertos con centros privados "que impartan la educación básica". De acuerdo con esto, ni el Tajamar, ni el Alborada ni ningún otro podrían dar nada por encima de la ESO y ni el gobierno autonómico podría autorizarlo ni el estatal debería permitirlo. ¿A qué juega la Consejería? ¿Qué piensa hacer el MEC?
El artículo 52.2 dice: "En los centros concertados las actividades escolares, tanto docentes como complementarias o extraescolares y de servicios, no podrán tener carácter lucrativo".
¡JA, JA, JA, JA, JA!
¿Qué hacen las administraciones todas para frenar el cachondeo que reina en torno a esto?
Miren ustedes lo que dice el artículo 53.2: "En todo caso, la enseñanza deberá ser impartida con pleno respeto a la libertad de conciencia."
¡JA, JA, JA, JA, JA!
¿Qué hacen las administraciones todas para frenar el cachondeo que reina en torno a esto?
Y por no hablar del artículo 54, el cual dispone que "la admisión de alumnos en los centros concertados se ajustará al régimen establecido para los centros públicos en el artículo 20 de esta Ley".
¡JA, JA, JA, JA, JA!
¡CON ESTO YA ES QUE ME DA UN ATAQUE! Pero, por cierto,
¿qué hacen las administraciones todas para frenar el cachondeo que reina en torno a esto?
Bien, ya en serio: el título cuarto de la LODE abarca 17 capítulos, del 48 al 64 (ambos inclusive). Si uno se pone a leerlo y lo compara con el actual estado de la enseñanza concertada en España (no digamos ya si se fija solo en Madrid), podrá comprobar el nivel de esperpento al que estamos llegando en nuestro país, porque no hay uno solo de esos capítulos que no se esté incumpliendo de forma sistemática. ¿Qué podemos esperar de un país donde las leyes, incluso con el rango de orgánicas, se incumplen a plena luz del día sin que los poderes públicos muevan un dedo para evitarlo o incluso con la complicidad y el apoyo de determinadas administraciones? Las respuestas que se me ocurren, al igual que el panorama que nos rodea, no inducen al optimismo.
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